Durante el incendio hubo un reo, conocido como "El Chaparro" y "El Enfermero", que se convirtió en un héroe dentro de la tragedia.
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El fiscal general de Honduras, Luis Rubí, avaló hoy la tesis de que el fuego que consumió la cárcel de Comayagua se desató accidentalmente, mientras se elevó a 360 la cifra de muertos y se reconoció la heroicidad de un reo que será indultado por el presidente del país, Porfirio Lobo.
La noche del pasado 14 de febrero el penal de Comayagua, en el centro de Honduras, fue arrasado por un voraz incendio que en cinco minutos acabó con la vida de casi un tercio de la hacinada población penal, de unas 850 personas.
El incendio "fue un acto meramente accidental y no inducido por mano criminal", sentenció Rubí ante los periodistas, apoyado en los resultados preliminares de las investigaciones del Ministerio Público y de expertos de la Agencia de Estados Unidos de Tabaco, Armas y Explosivos, que llegó dos días después del siniestro para colaborar con las investigaciones.
"Todo indica hasta este momento de las investigaciones realizadas, que no se ha podido determinar que han existido actos dolosos encaminados a decir que se produjo como consecuencia de un acto criminal", subrayó Rubí a Canal 5 de la compañía Televicentro.
Añadió que el siniestro fue "de tanta intensidad, que en cinco a diez minutos prácticamente se produjo el desastre", que "llegó a alcanzar temperaturas arriba de los 2.000 grados" centígrados "dentro del interior del centro penal".
El informe completo de la peor tragedia que registra la historia del deficiente sistema penitenciario de Honduras estará listo en unos quince días, según Rubí.
Juan Ángel Irías, de 66 años, murió hoy "debido a la severidad de las lesiones que sufrió al momento del incendio", declaró a periodistas el médico Manuel Boquín del Hospital Escuela.
Irías era uno de los 10 presos ingresados el miércoles pasado en el mismo nosocomio a causa de quemaduras, de los cuales seis murieron entre ese día y el domingo pasado mientras que los otros tres están en situación "estable pero crítica", según Boquín.
Una de las 360 víctimas era una mujer que visitaba a su marido, de acuerdo a la información oficial.
Forenses hondureños, chilenos, salvadoreños, guatemaltecos, mexicanos y peruanos han identificado hasta este martes 70 de los fallecidos, en un proceso que ha sido criticado como muy lento por los familiares, a quienes solo les han entregado 33 cuerpos.
Los forenses han realizado en total 277 autopsias hasta este martes, añadió hoy el portavoz del Ministerio Público, Melvin Duarte, en declaraciones a los periodistas.
Durante el incendio hubo un reo, conocido como "El Chaparro" y "El Enfermero", que se convirtió en un héroe dentro de la tragedia.
Se trata de Marco Antonio Bonilla, de 50 años, de quien Lobo dijo hoy que le concederá el indulto porque salvó a varios de sus compañeros.
El gobernante indicó que ha recibido información de que Bonilla expuso su vida "increíblemente" para salvar la de varios de sus compañeros, abriendo barrotes de las celdas para que pudieran salir y escapar de las llamas.
Lobo hizo el anuncio durante la reunión del Consejo de Ministros, en la que instruyó al titular del Interior y Población, Áfrico Madrid, para que inicie los trámites, aunque no precisó la fecha en que otorgará el perdón a Bonilla.
Bonilla lleva casi 18 años en prisión y le restan cuatro y medio para cumplir una condena por la muerte de una persona y las heridas causadas a otras dos cuando salió en defensa de su padre, Pedro Bonilla (91 años), quien era víctima de una supuesta agresión, según una versión difundida el lunes por el diario local La Tribuna.
Después del Consejo de Ministros, Lobo visitó a familiares de los fallecidos albergados en el Instituto de Formación Profesional (Infop), quienes le entregaron un pliego de peticiones, entre ellas "un sistema de información permanente" y "que se apruebe la Ley Penitenciaria".
La mayoría de las 24 cárceles de Honduras están en edificios obsoletos, algunos con más de un siglo, y en total hacinamiento, pues albergan unos 13.380 reos cuando su capacidad máxima es de 8.280, según el estatal Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Ramón Custodio.
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