Honduras

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26 de septiembre de 2013 • 05:12 PM

Protestan por criminalización de DDHH en Honduras

 

Organizaciones de derechos humanos denunciaron el jueves la criminalización a la que son sometidas por solidarizarse con una lideresa indígena que intervino en el enfrentamiento entre comunidades del pueblo lenca y un grupo de empresas que busca construir una represa al norte de Honduras.

"Con motivo de nuestra declaratoria de solidaridad con (la lideresa indígena) Bertha Cáceres, anunciamos que existe una estigmatización y persecución contra defensores de derechos humanos por parte del Estado de Honduras y que no nos sometemos a su justicia", dijo la presidenta del Comité de Familiares de Desaparecidos, Bertha Oliva, en representación de 47 organizaciones hondureñas e internacionales.

La jueza de Intibucá, Lisseth Knight Reyes, dictó el 20 de septiembre la prisión preventiva de Cáceres, que lidera el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, por los delitos de usurpación, coacción y daños continuados en perjuicio de la empresa DESA-SINOHYDRO, de capital hondureño y chino, que desarrolla un proyecto hidroeléctrico en Agua Zarca, región en la que habita la comunidad indígena lenca de Río Blanco, al norte del país.

Cáceres no se presentó a recoger la notificación y se encuentra desde entonces con paradero desconocido. Otros dos dirigentes de Consejo Cívico han sido obligados a retirarse de la zona y presentarse ante el juzgado cada dos semanas.

A Cáceres se la acusa de ser la máxima responsable de las tomas de carreteras, tierras y ataques contra la empresa en su calidad de lideresa de la organización que representa a los habitantes que protestan la represa, un enfrentamiento que ya se ha cobrado dos víctimas fatales.

El 15 de julio el defensor del pueblo hondureño informó que dos personas -una de ellas un menor de 15 años- habían muerto durante una protesta frente a las instalaciones de DESA-SINOHYDRO que fue reprimida por el ejército y la policía. El defensor pidió una investigación, al igual que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

"En Honduras es cada vez más claro que quien se opone a un plan de gobierno puede resultar encarcelado", dijo Marcia Aguiluz, directora para México y Centroamérica del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional.

Por su parte Luis Guillermo Pérez Casas, secretario general de la Federación Internacional de Derechos Humanos, señaló que "en Honduras se están utilizando métodos de represión como las amenazas y los asesinatos o la utilización de las estructuras judiciales del Estado para reprimir luchas legítimas de la población".

Amnistía Internacional hizo público un comunicado señalando que de ingresar en prisión cualquiera de los acusados serán inmediatamente declarados "presos de conciencia" por la organización.

El 7 de septiembre el presidente Porfirio Lobo firmó un convenio de entendimiento con la empresa y diversos patronatos lencas que apoyan la construcción del proyecto hidroeléctrico.

AP AP - The Associated Press. Todos los derechos reservados.

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