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10 de agosto de 2012 • 11:12 AM • actualizado a las 03:45 PM

Poder sindical, moneda de trueque en reformas México

Imagen de archivo de unos mineros sindicalistas bloqueando el acceso a la mina Cananea en Sonora, México, jun 9 2010. Cuando el sindicato minero de México fue acusado de pedir 100 millones de dólares para levantar una huelga en la mayor mina de cobre del país hace cinco años, las viejas sospechas de vicios y excesos en los gremios volvieron a salir a la luz.
Foto: Alonso Castillo / Reuters en español

Cuando el sindicato minero de México fue acusado de pedir 100 millones de dólares para levantar una huelga en la mayor mina de cobre del país hace cinco años, las viejas sospechas de vicios y excesos en los gremios volvieron a salir a la luz.

Más allá de que el sindicato negó las acusaciones y su líder demandó al entonces secretario del Trabajo por ellas, las negociaciones fracasaron y la mina quedó paralizada por tres años, desnudando el inmenso poderío sindical mexicano.

Ahora el presidente electo de México, Enrique Peña Nieto del Partido Revolucionario Institucional (PRI), deberá convencer a los sindicatos, históricos aliados de su agrupación, de ceder algunos privilegios a cambio del apoyo político de rivales para sus reformas estructurales.

Durante su gestión de gobierno, el saliente Partido Acción Nacional (PAN) intentó erosionar el poder gremial sin éxito. Cuando en septiembre se convierta en oposición legislativa quiere aprovechar para ajustarle las riendas a los gremios, que han sido una fuente de poder y de votos para el PRI por décadas.

Peña Nieto necesita el respaldo del PAN en el Congreso para aprobar las reformas que buscan acelerar la economía y crear los trabajos que demandan los mexicanos. De ellas depende en gran parte el éxito o fracaso de su gobierno.

Uno de los anhelos del PAN es hacer públicas las cuentas sindicales, una caja no auditada donde millones de trabajadores aportan obligatoriamente un porcentaje de su salario y que financia en gran parte el andamiaje económico y las movilizaciones de las organizaciones de trabajadores.

"Todo se transforma en México menos la vida sindical", dijo el ex secretario del Trabajo y futuro senador panista Javier Lozano, autor de una reforma laboral que desde el 2010 duerme en el Congreso y buscaba mayor transparencia en los sindicatos.

"De que no vamos a quitar el dedo del renglón, no vamos a quitarlo", sostuvo el ex funcionario.

Protegidos por una ley laboral mexicana que tiene cuatro décadas sin cambios sustanciales, los sindicatos no están obligados a rendir cuentas a sus afiliados. Además sus dirigentes no son electos por voto directo de los trabajadores.

Decenas de millones de dólares anuales pasan por las manos de los jefes de grandes sindicatos como el de docentes (SNTE) o el de trabajadores petroleros (STPRM) sin que estén obligados a informar el destino de esos fondos, ni siquiera a los trabajadores que representan.

El poder económico sin la lupa de nadie llevó a excesos la jefa del gremio de maestros ha rifado decenas de camionetas Hummer, la hija del líder petrolero ha presumido sus viajes en jet privado y un dirigente prófugo despacha desde Canadá.

"Al final no es algo ilegal los abusos y los privilegios sindicales, una vez que entra el dinero a esa caja, a ese hoyo negro, no es fiscalizable. Los sindicatos no pagan impuestos y además no llevan contabilidad", dijo el ex secretario Lozano.

El argumento de los sindicatos es simple. Sin ese dinero tendrían menos poder para velar por sus afiliados, por eso están listos para defender su posición en el Congreso.

"Los sindicatos si no tienen dinero, pues son sindicatos más débiles, sindicatos más fáciles de vulnerar", dijo Isaías González, jefe de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) y futuro senador del PRI.

"El PAN quería pulverizar el movimiento obrero. Ahí sí Peña Nieto no está de acuerdo", dijo González.

REMANDO CONTRA LA CORRIENTE

Por esos disensos, la reforma laboral que presentó el Gobierno acumula polvo en el Congreso.

La iniciativa propone eliminar el descuento obligatorio de la cuota sindical en el salario de los trabajadores, auditar las cuentas gremiales e instaurar el voto directo para elegir a líderes, entre otros puntos. Pero fue bloqueada por el PRI.

Si en algo coinciden ambas partes es en la necesidad de modernizar algunas bases de la economía mexicana, que quedó retrasada en los últimos años frente al boom económico de otros países de la región y aún tiene una pesada deuda social.

Pero para eso el presidente electo necesita los votos del PAN. Con sus legisladores en el Congreso no le alcanza para aprobar las reformas laboral, energética y fiscal que busca y que durante años el propio PAN intentó impulsar infructuosamente contra una pared de legisladores opositores.

"No vamos a soltar la agenda de transparencia y rendición de cuentas que siempre ha tenido el partido también en sindicatos", dijo Laura Rojas, próxima senadora panista.

"Nosotros vamos a ser una oposición responsable, pero eso no significa que (...) vayamos a darle un cheque en blanco si no vemos de parte de ellos un compromiso de desmantelar lo que le hace daño a nuestra democracia y que sí pasa por minar intereses que a ellos les han hecho ganar elecciones", agregó.

Peña Nieto parece dispuesto a ceder en la necesidad de mayor control en los sindicatos -que tienen unos 2 millones de afiliados de los casi 16 millones de trabajadores registrados en el Seguro Social- aunque no a recortar su flujo seguro de dinero, según declaraciones antes de resultar electo.

"Tiene muy complicada la negociación con el actual liderazgo porque ese liderazgo sindical fue el que lo llevó al poder", dijo Ricardo Raphael, analista y autor de un libro sobre el sindicato docente. "Yo creo que va a mantener el status quo".

Sindicatos consultados por Reuters se mostraron abiertos a difundir sus presupuestos -de hecho algunos de mediano tamaño ya los publican en Internet- y en instaurar un sistema de voto directo y secreto para designar a las cúpulas.

Pero de las cuotas sindicales obligatorias, ni hablar.

"No lo votaríamos a favor nunca los representantes sindicales, eso se le digo abiertamente, desde ahorita", dijo Patricio Flores, jefe del sindicato de trabajadores de la radio y televisión (SITATYR), diputado electo del PRI.

Cálculos extraoficiales estiman que el sindicato de maestros -el mayor del país con alrededor de 1.5 millones de afiliados- maneja 60 millones de dólares por año sólo en cuotas sindicales.

El sindicato petrolero cobra un promedio de 20 millones de dólares anuales en cuotas, según datos solicitados por Reuters a la oficina de transparencia gubernamental (IFAI).

Pero eso es solo parte de los ingresos de los sindicatos, que son beneficiados además por préstamos y otros aportes del Gobierno y las empresas. Y eso sin contar los negocios internos de proveeduría con compañías de los propios sindicalistas.

Por ejemplo, el sindicato petrolero recibe apoyos del Gobierno para varias actividades. Incluso obtiene 1.5 millones de dólares promedio por año para viajes de los dirigentes.

Los sindicatos ofrecen a cambio cursos de especialización, clubes deportivos, centros recreativos y tarjetas de descuentos.

El PAN podría aceptar que sigan las cuotas sindicales obligatorias con tal de que se apruebe una reforma laboral que comience a hacer más visibles las cuentas de los sindicatos y flexibilice el mercado laboral, según miembros del partido.

MATRIMONIO POR CONVENIENCIA

Los lazos del sindicalismo con el PRI son muy profundos. Sin ir más lejos, el sindicato petrolero (STPRM) "reconoce como instrumento legítimo para participar en la vida política del país al Partido Revolucionario Institucional".

En el nuevo Congreso que comienza a operar en septiembre, el jefe de ese sindicato, Carlos Romero Deschamps, se convertirá en senador del PRI. Se le sumarán Armando Neyra, un líder de la Confederación de Trabajadores de México (CTM); Joel Ayala, que encabeza el sindicato de burócratas, además de Isaías González.

Darles la espalda a los sindicatos podría ser una apuesta riesgosa para el PRI. Si los gremios se sienten atacados podrían movilizar a cientos de miles de afiliados y activar huelgas en empresas como la petrolera Pemex, un pilar económico del país.

Y hasta podrían mirar a la izquierda a la hora de orientar sus lealtades, sobre todo cuando el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y sus aliados resultaron segundos en las elecciones presidenciales de julio.

"El PAN no se ha dado cuenta que si nosotros vamos a una reforma laboral integral y total vamos a poner al movimiento sindical en manos de la extrema izquierda que no necesariamente quiere la productividad para el país", dijo el senador del PRI Francisco Arroyo, que será diputado a partir de septiembre.

Hace dos décadas el sindicato de electricistas (SME) y el de telefonistas (STRM) se cambiaron al bando de la izquierda, luego de que la priísta CTM los presionara para sumarse a la organización a cambio de renunciar a su libre albedrío político.

Pero la relación con el PRI también trajo muchos beneficios a los sindicatos. Bajo las décadas de reinado de ese partido el poder gremial creció, junto con las acusaciones de corrupción.

La jefa vitalicia del sindicato de maestros, Elba Esther Gordillo, ha sido bautizada por analistas como la "Jimmy Hoffa de vestido". Reportes de prensa la han acusado de tener más de 60 propiedades, pero ella asegura que recibió una herencia de su abuelo y que la supo administrar muy bien.

En el sindicato de mineros, el líder Napoleón Gómez Urrutia ha logrado ganar ante la justicia varias causas en su contra. Pero aún tiene una pendiente por el supuesto desvío de 55 millones de dólares de un fideicomiso a cuentas familiares y trabaja desde Canadá porque tiene una orden de arresto en casa.

Hace dos meses nada más, los periódicos mexicanos publicaron el perfil de Facebook de la hija de Romero Deschamps. La mujer presumía sus bolsas de diseñador y viajes en jet privado por el mundo, aunque su padre tiene un sueldo de 1,800 dólares al mes.

"No se puede dar un cambio real en la vida de nuestro país, en la democracia, en la transparencia, con estos líderes que representan exactamente lo contrario", dijo Vicente Fernández, un jubilado de la petrolera estatal Pemex, vestido de guayabera.

(Reporte adicional de Mica Rosenberg; Editado por Damián Wroclavsky y César Illiano)

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