A un año de la matanza, hubo pocos cambios en ley sobre armas

Un año después de la mayor matanza en un establecimiento estudiantil de Estados Unidos, sigue siendo fácil acceder a un arma y los norteamericanos se muestran incluso más a favor del derecho a portarlas.

El fracaso de los legisladores a la hora de aprobar un control más estricto de la compra de armas tras la masacre en la Universidad de Virginia Tech, el 16 de abril de 2007, demuestra la influencia que tienen en Estados Unidos los lobbies en el proceso legislativo y la opinión pública, según las organizaciones que luchan por limitar el acceso a las armas.

Según un sondeo de la organización Gallup, realizado en octubre pasado, sólo 38% de los estadounidenses está a favor de leyes más estrictas, un porcentaje más bajo que en 2002.

Los defensores del derecho a armarse señalan que su postura refleja el sentimiento de los estadounidenses en el sentido de que las restricciones no impedirán matanzas como la de Virginia Tech. En esta Universidad, un estudiante mentalmente perturbado, Seung-Hui Cho, de origen surcoreano, mató a 32 personas antes de suicidarse.

"Pienso que las personas comprenden que en realidad no sirve de nada aprobar leyes para restringir el acceso a las armas, ya que habrá siempre alguien que las podrá eludir", explica Alan Gottlieb, presidente del Comité de Ciudadanos por el Derecho a Portar Armas.

El tema es si quien tiene un arma en la mano es una persona mentalmente normal y no un criminal, agrega.

Gottlieb es también uno de los cerca de cuatro millones de miembros de la NRA (Asociación Nacional del Rifle), la poderosa organización que está a favor del derecho a portar armas.

Tras la matanza en Virginia Tech, varios estados (Virginia, este, entre ellos) acentuaron los controles sobre los antecedentes de las personas que quieren portar un arma para evitar que los individuos mentalmente inestables puedan adquirirlas.

A pesar de este avance, Virginia otorgó en 2007 un 60% más de permisos que en 2006, según The Washington Post.

Otros estados, como Florida, modificaron sus leyes al aprobar un texto la semana pasada que permite llevar el arma al trabajo pero no a las prisiones, escuelas y centrales nucleares.

No obstante, este año se aprobó, por primera vez desde 1994, una ley a favor de un control más severo de las armas, la que fue apoyada por la NRA y el Brady Center, creado por el ex portavoz de la Casa Blanca Jim Brady y su esposa.

Brady, ex vocero del presidente Ronald Reagan, fue gravemente herido en 1981 durante el intento de asesinato del mandatario por John Hinckley.

Este nuevo texto busca mejorar el sistema nacional de verificación instantánea del registro de antecedentes penales (NICS), desbloqueando fondos federales a los estados para que puedan actualizar más rápidamente sus archivos.

Pero las críticas consideran que esta ley se debilita por la cantidad de disposiciones que buscan restaurar algunos derechos de los poseedores de armas de fuego.

"En la gran mayoría de los estados, la adquisición de un arma de fuego está sujeta a una demanda de verificación de los antecedentes penales, que demora cinco minutos, pero no existe ningún control ni restricción a la hora de comprar municiones", señala Kristen Rand, una responsable del Instituto de política sobre la violencia.

Terra/AFP