El fantasma de la corrupción acelera el ocaso de Pinochet en Chile

En el ocaso de su vida, Agusto Pinochet vivió un nuevo procesamiento por violaciones de derechos humanos, además de ver la posibilidad de convertirse en el primer gobernante de la historia de Chile procesado por corrupción.

Después de un apacible 2003, tras seis años de sinsabores judiciales que incluyeron 503 días de arresto en Londres, el año que termina se convirtió en una pesadilla para el ex dictador (1973-1990) que fue nuevamente procesado, sometido a exámenes médicos y despojado dos veces de su fuero como ex gobernante.

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Pinochet en una foto de archivo
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Juan Emilio Cheyre, comandante en jefe del Ejército chileno.
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El presidente chileno Ricardo Lagos durante su discurso respecto del informe Valech

Pinochet fue procesado el 13 de diciembre como autor de nueve secuestros (desapariciones) y de un homicidio en el marco de la "Operación Cóndor", la coordinación represiva de las dictaduras militares de los países del Cono Sur para eliminar opositores en los años 1970 y 1980.

Disminuido físicamente, desprestigiado por las revelaciones sobre cuentas millonarias en EEUU, Pinochet repitió el itinerario judicial que recorrió cuando el juez Juan Guzmán lo procesó en el 2000 por los crímenes de la "caravana de la muerte", juicio del que sólo se libró por un diagnóstico de "demencia vascular irrecuperable".

Esta vez, el juez Guzmán declaró "mentalmente apto" a Pinochet para afrontar un proceso, tras nuevos exámenes e interrogatorios.

Ni en sus peores pronósticos, Pinochet imaginó que volvería a caer en las manos del incansable juez Guzmán que lo puso nuevamente ante la Justicia y bajo arresto domiciliario.

Tampoco sospechó que su oculta fortuna en el Riggs Bank de EEUU, calculada en alrededor de 15 millones de dólares, sería descubierta, ni que los chilenos llegarían a saber que quien los gobernó con mano dura por 17 años usó, además, varios alias para ocultar sus cuentas. Nombres simples como Daniel López, o de fantasía como "Red Fox".

Tras el escándalo, que causó estupor en Chile, los últimos partidarios que le quedaban y los políticos de derecha que antaño lo sustentaron se alejaron de puntillas del octogenario general, toda vez que en un año más se elegirá al sucesor del presidente socialista Ricardo Lagos.

"Es una figura del pasado", ha reiterado con ahínco el abanderado presidencial de la derecha, Joaquín Lavín, militante de la ultraconservadora Unión Demócrata Independiente (UDI), partido que fue el principal sostén político del régimen.

El jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre, un general de perfil académico y empeñado en modernizar y "despinochetizar" la institución, afirmó que las llamadas "pinocuentas" eran "un problema personal".

El escándalo echó por tierra su publicitada austeridad y lo convirtió para los chilenos en uno más en la lista de los dictadores latinoamericanos.

Las cuentas descubiertas en el Riggs tienen a Pinochet enfrentando tres querellas por enriquecimiento ilícito y fraude aduanero, a las que se suman decenas de juicios por violaciones a los derechos humanos, entre ellas, requerimientos por torturas.

En este escenario, el otrora poderoso y temido dictador celebró el 25 de noviembre pasado sus 89 años en su casa de Santiago, acorralado por la Justicia, solitario y probablemente angustiado por el quiebre definitivo de su imagen histórica.

Sin embargo, los golpes siguieron y, siete días después, su situación judicial se complicó aún más por la decisión de la Corte de Apelaciones de despojarlo de su inmunidad como ex gobernante para juzgarlo por el crimen del ex jefe del Ejército Carlos Prats, ocurrido en Buenos Aires en 1974.

El nuevo desafuero lo enredó en una intrincada maraña judicial con final impredecible, a la que se agregó el embargo de sus bienes por un monto de 4,2 millones de dólares.

Se produjo, además, cuatro días después de que el presidente Lagos hiciera público, el pasado 28 de noviembre, el histórico informe de la Comisión Nacional sobre Tortura y Prisión Política, que estableció que la violación de los derechos humanos durante el régimen militar fue "una política de Estado".

Semanas antes, el general Cheyre había admitido que estas violaciones fueron una política institucional del Ejército e "inaceptable".

El informe consideró válidos 27,255 testimonios de un total de 35,860 recogidos por una comisión que encabezó el obispo católico Sergio Valech e incluyó reparación integral para las víctimas.

"Esta es la dimensión más oscura de nuestra realidad nacional", dijo Lagos, para quien el documento terminó con el espeso y denso silencio que ocultó la tortura en Chile durante 31 años.

"Esta era una verdad que nos era debida", subrayó el mandatario en su mensaje al país al difundir el texto que puso una lápida oprobiosa al régimen y figura del general de oscuras gafas.

Terra/EFE