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La cárcel de un condado en el oeste de Colorado perdió este año un millón de dólares en ingresos debido a la sensible reducción en el número de inmigrantes indocumentados allí alojados, revela un reporte fiscal difundido hoy.
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¿Preguntas sobre inmigración? Consulta a nuestro abogadoEn comparación, en 2007, el condado Park recibió aproximadamente 40.000 dólares al año por cada uno de los 20 a 25 indocumentados allí recluidos.

Kathy Boyce, directora de finanzas del condado Park y quien dio a conocer el reporte, anticipa una pérdida de por lo menos 850.000 dólares en 2009, debido a que a este establecimiento, con capacidad para 130 reclusos, sólo llegarían en promedio no más de 100 presos.
El reporte explica que la reducción se debe a que el gobierno estatal ya no envía a sus reos a las cárceles de los condados sino que los retiene por más tiempo en sus propias cárceles para determinar la situación migratoria de los extranjeros detenidos.
Si se comprueba que se trata de una persona indocumentada, el detenido pasa a custodia del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés), que ya no alquila celdas, como lo hacía hasta 2007, en las cárceles de los condados en el oeste de Colorado debido a cambios en las normas de seguridad de ICE.
Para compensar el menor presupuesto para este año y el siguiente, la cárcel no contratará nuevo personal, eliminará ciertos gastos, pedirá ayuda financiera al condado y buscará una reducción impositiva por parte del gobierno federal.
En su documento, Boyce comentó que "es posible que el número de inmigrantes indocumentados crezca en 2009" y, por lo tanto, los ingresos para la cárcel, debido a las gestiones que el condado Park está ahora realizando con el Departamento Penitenciario de Colorado y con el ICE.
Esas negociaciones se enmarcan en el contexto del recientemente formado Comité de Inmigración de Colorado, convocado por el gobernador Bill Ritter para revisar las leyes migratorias estatales aprobadas en 2006 y para encontrar la forma de hacer cumplir esas leyes de una manera más estricta.
Una de las sugerencias iniciales del panel es que cada condado capacite a sus guardias de cárceles para detectar a presuntos indocumentados y obtener así un reembolso del Gobierno federal para las cárceles de los condados por alojar a ese indocumentado en la cárcel local.
Por ahora, dijo Boyce, esas gestiones "han sido infructuosas" por los recortes presupuestarios para servicios penitenciarios anunciados esta semana por Ritter.
En diciembre de 2007 la cárcel del condado Park indemnizó con 1,5 millones de dólares a Moisés Carranza Reyes, un inmigrante mexicano allí alojado en marzo de 2003 quien, por falta de atención médica, perdió una pierna. EFE fm/ma
Terra/EFE
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