El Congreso restringe la aplicación de la justicia universal en España

Madrid, 25 jun (EFE)- El Parlamento español aprobó hoy por una amplia mayoría una reforma legal que limitará la actuación de la justicia española en materia de jurisdicción universal a los casos en los que existan víctimas españolas o en los que los responsables del delito se encuentren en España.

Actualmente la Audiencia Nacional española mantiene abiertas una quincena de causas bajo el principio de justicia universal, desde la investigación de delitos de genocidio en Guatemala o el Tíbet a los crímenes de guerra en Gaza, las torturas en Guantánamo o, más recientemente, los actos de piratería en las costas de Somalia.

El pleno del Congreso de los Diputados, la cámara baja del Parlamento, aprobó con el apoyo de la mayoría de las fuerzas políticas una modificación de los apartados 4 y 5 del artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que regula las competencias de la jurisdicción española en delitos de genocidio y lesa humanidad, entre otros.

La reforma, que ahora se envía al Senado (cámara alta del Parlamento), fue respaldada por el gubernamental Partido Socialista y por el conservador Partido Popular, el principal de la oposición en España, además de por los nacionalistas catalanes de CiU y los nacionalistas vascos del PNV.

A partir de ahora, como requisitos para que la Justicia española pueda actuar bajo el principio de jurisdicción universal, se establece la necesidad de que se demuestren "vínculos de conexión relevante" con España, que haya víctimas de nacionalidad española o que el autor de delito esté en territorio nacional.

Una vez que se aprueben en el Senado las nuevas modificaciones de la LOPJ, los jueces de la Audiencia Nacional ya no podrán actuar en esta materia si se ha abierto una investigación y una "persecución efectiva" de los hechos denunciados en el país donde se hayan cometido o en un tribunal internacional.

Y si el país implicado, o un tribunal internacional, abre otro proceso sobre los mismos delitos, la jurisdicción española deberá archivar provisionalmente la causa que haya iniciado.

Durante el debate en el Congreso, los portavoces del Partido Socialista y el PP destacaron que el objetivo de la reforma es clarificar la regulación de estos delitos para que no queden impunes y homologar la legislación a los países de nuestro entorno.

El socialista Julio Villarrubia resaltó también que en la ley se incluyen nuevos delitos en los que se podrá aplicar ese principio, como los crímenes de lesa humanidad y de guerra, que antes no estaban expresamente recogidos y que ahora podrán ser juzgados en España si no existe una investigación en el país donde se hayan cometido.

Sin embargo, los grupos que votaron en contra de esta reforma se mostraron muy críticos por lo que consideran una marcha atrás en la defensa de los derechos humanos.

Así, el portavoz del partido independentista catalán Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Joan Ridao, lamentó el "grave error" del Congreso al limitar la jurisdicción universal cuando es "una conquista irrenunciable" de una sociedad democrática avanzada.

Una posición que compartió el portavoz de la coalición Izquierda Unida (IU), Gaspar Llamazares, que consideró que "hoy es un día triste" para la justicia universal y la defensa de los derechos humanos. EFE slp/is/ep/sm (foto)(audio)(vídeo)

Terra/EFE