El fantasma del narcotráfico amenaza la limpieza de las elecciones mexicanas

La gran cita con las urnas es el 5 de julio, a excepción de los estados de Quintana Roo, Tabasco y Coahuila, cuyos procesos electorales se celebrarán entre febrero y octubre.

El Instituto Federal Electoral (IFE) de México, la máxima autoridad electoral del país, dijo recientemente que "no existe" evidencia alguna de que se estén utilizando recursos procedentes del narcotráfico u otras actividades ilícitas en las campañas.

A ese organismo le apoya el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife), la principal autoridad en materia de conflictos legales e impugnaciones en comicios, y encargado de validar cualquier elección federal.

Su presidenta, Carmen Alanís, afirmó que los integrantes de ese órgano judicial están "preparados para garantizar la constitucionalidad y la legalidad de las elecciones".

Por su parte, para perseguir los delitos electorales, México cuenta con la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), dependiente de la Procuraduría General de la República (PGR), cuya titular, Arely Gómez, dijo en marzo que enfocará sus esfuerzos en vigilar "el desvío de recursos públicos con fines proselitistas" y proteger "la libertad del voto".

El fiscal general de México, Eduardo Medina Mora, aseveró la pasada semana que la Fepade ha recibido "un sinnúmero de denuncias" que está investigando.

Terra/EFE

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