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La OEA dio el miércoles un ultimátum de tres días al gobierno de Micheletti para que restituya las funciones de presidente a Zelaya, depuesto el domingo por las fuerzas armadas y quien ha recibido el respaldo de gobiernos alrededor del mundo.

El propio Micheletti, sin embargo, desafío el mismo miércoles el ultimátum de la OEA y advirtió que no se restituirá a Zelaya, sobre quien ya pesan órdenes para ser aprehendido en caso de pisar territorio hondureño como ha dicho que pretende hacerlo hacia el fin de semana.
El fiscal general adjunto de Honduras, Roy Urtecho, dijo el jueves a la AP que dispone de "suficientes" pruebas para encausar por 18 delitos a Zelaya, y que van desde traición a la patria hasta la no aplicación de 80 leyes aprobadas por el Congreso.
"Zelaya será detenido apenas ponga un pie en nuestro territorio y juzgado por 18 delitos que están suficientemente documentados contra él", afirmó y dijo que la orden para su captura ya fue emitida por tribunales.
Otros de los señalamientos contra el mandatario depuesto son haber creado el cargo de vicepresidente para favorecer a Arístides Mejía, considerado su amigo, y usar recursos estatales para promover la "consulta popular" que realizaría el 28 de junio y que precisamente fue lo que llevó al golpe en su contra.
Urtecho dijo que también se le fincarán cargos por autorizar sin un sustento legal más del 1% de presupuesto a los militares; declarar ilegal la regulación del plebiscito y referendo aprobados en junio por el Congreso; destituir al general Romeo Vásquez Velásquez como jefe del Estado Mayor Conjunto de las fuerzas armadas; no enviar en tiempo y forma a la legislatura el presupuesto general de la nación, y exponer e identificar públicamente en mayo a una niña contaminada con la influenza porcina.
En Honduras, donde el jueves se preveían nuevas manifestaciones en apoyo tanto de Micheletti como de Zelaya, el Congreso aprobó el miércoles restringir algunas garantías individuales durante las horas en que está vigente un toque de queda.
Entre las garantías suspendidas están la libertad de asociación y de circulación, y el vicepresidente de la legislatura dijo que se tomó esa decisión por sospechas de que hay muchas personas de otros países en Honduras que podrían buscar atentar contra la ciudadanía y el nuevo gobierno.
Zelaya asumió en el 2006 y debía concluir su gestión de cuatro años en enero próximo. En noviembre se tienen previstas elecciones presidenciales.
Terra USA/AP
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