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San Juan, 4 nov (EFE)- El presidente de la Junta de Reestructuración y Estabilización Fiscal (JREF), Carlos García, dijo hoy que el Gobierno de Puerto Rico sufrirá dificultades financieras tras aplazarse por errores procesales el despido previsto para este viernes de 7.191 empleados públicos hasta el próximo enero.
García, también máximo ejecutivo del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), reconoció que el Gobierno "vive con estrecheces", tras alertar que sería "catastrófico" para la operatividad de las agencias estatales que los 7.191 empleados se mantuvieran en sus puestos después de enero, con lo que supondría en pago de salarios.

El responsable gubernamental se refería así al anuncio de posponer el despido de esos empleados, debido a que hay casos pendientes por resolver en los tribunales, a los que acudieron los afectados por posibles errores en los procesos de notificación de las bajas.
García señaló que en el "día a día es difícil mantener el flujo de caja -acumulación neta de activos líquidos en un periodo determinado- del Gobierno", en alusión a lo complicado que resulta contar con fondos para mantener la actividad de compañías y dependencias estatales.
El presidente del JREF recordó que un total de 134 agencias dependen del Ejecutivo, después de insistir en que los despidos de funcionarios eran indispensables para no cerrar el Gobierno.
Además, dijo que el retraso en dos meses en el despido de los 7.191 empleados públicos supondrá un impacto de 60 millones de dólares en el flujo de caja gubernamental.
García resaltó además que el problema de falta de fondos y del elevado déficit en las cuentas públicas, de cerca de 3.200 millones de dólares, es consecuencia del cúmulo de despropósitos de antiguas administraciones y no responsabilidad del actual Ejecutivo.
Por su parte, el secretario del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, Miguel Romero, informó de que el aplazamiento en el despido de los 7.191 funcionarios que iban a terminar su relación laboral con el Gobierno el próximo viernes se debió, principalmente, a errores en la notificación de los ceses.
Romero explicó que en algunos casos, por ejemplo, las notificaciones se llevaron a cabo a través de medios electrónicos, cuando la ley laboral estipula que se realicen por escrito.
El secretario de Trabajo aclaró que, en definitiva, las notificaciones debieron comunicarse de "una manera bien específica", lo que no se hizo en todos los casos.
El gobernador de Puerto Rico, Luis Fortuño, dijo hoy que es responsabilidad directa de la JREF la supervisión de la compañía privada que cobró tres millones de dólares por elaborar el que ahora se ha demostrado defectuoso plan de despidos de empleados del Gobierno.
Fortuño señaló que desconoce la firma encargada del proceso, además de destacar, otra vez, que el despido de funcionarios es indispensable para no cerrar la actividad del Gobierno en los próximos meses.
"Me notificaron que hay que buscar, de otras formas, 60 millones de dólares adicionales" para mantener el Gobierno operando, sostuvo el líder del Ejecutivo.
La JREF informó a través de un comunicado de que se ordenó a las agencias en las que se cometieron errores de notificación que se repita el proceso, con lo que los 7.191 despidos que iban a hacerse efectivos el próximo viernes se retrasan hasta enero de 2010.
El comunicado detalla que el número de despidos, después de enero, se mantendrá prácticamente inalterado respecto a lo inicialmente previsto, lo que supondrá un ahorro para las cuentas públicas de cerca de 386 millones de dólares.
Los sindicatos mantienen por su parte el programa de protestas contra los despidos para esta semana, que culminará este viernes con dos manifestaciones en San Juan. EFE arm/cs
Terra/EFE
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