Gobierno mexicano accede a buscar solución en caso debido proceso a indígena

Washington, 5 nov (EFE)- El gobierno mexicano se comprometió hoy ante la CIDH a buscar una solución amistosa al caso de Ricardo Ucán Seca, encarcelado tras un proceso que sus defensores consideran deficiente, al asegurar que careció de intérprete del idioma maya.

En una de las audiencias del 137 periodo de sesiones públicas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que se celebra en Washington hasta el 6 de noviembre, dos miembros de la asociación Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos denunciaron la "falta de garantías" en el caso de Ucán Seca.

Según el peticionario Jorge Fernández, Ucán Seca, condenado a prisión por el homicidio de un indígena en el estado de Yucatán en 2000, quiso acogerse a la premisa de legítima defensa, pero la carencia de un intérprete traductor en su lengua materna, el maya, le impidió "expresarse con libertad a lo largo del proceso".

"La ausencia de intérprete se reprodujo a lo largo de todas las etapas del proceso penal conducido por el Ministerio Público", dijo Fernández. "Sólo se proporcionó en el momento de la revisión extraordinaria, cuando se habían agotado todas las instancias y las violaciones eran irreparables".

Fernández denunció además que Ucán Seca tampoco tuvo acceso a una defensa adecuada, y que la abogada designada por el estado de Yucatán para el caso, Blanca Segovia, "no aportó pruebas, no citó a testigos, no presentó agravios en las apelaciones y estuvo prácticamente ausente en todo el proceso".

Su compañero Raúl Lugo consideró que este caso es un "botón de muestra" que cristaliza la situación de los mayas yucatecos, a quienes "no se reconoce como sujetos de derecho".

Además, denunció que en varias etapas del juicio se consideró que el acusado no era indígena "por la simple razón de que en su comunidad había carreteras, electricidad y escuelas, como si la condición de indígena fuera 'superable' a través del desarrollo".

Los representantes del Estado en la audiencia rechazaron estos planteamientos y sostuvieron que tanto el juez como la abogada defensora de Ucán Seca entendían y hablaban maya, con lo cual la presencia de un traductor "no era necesaria" Para demostrar este punto, Sergio Cuevas González, consejero jurídico del gobierno de Yucatán, mostró a los presentes un vídeo en el que el juez y la abogada explicaban, en un maya limitado, que el acusado les habló en español desde la instrucción del caso y que, una vez en la cárcel, completó la educación primaria en este idioma.

El relator para México de la CIDH, el comisionado Florentín Meléndez, señaló que el vídeo, grabado recientemente, no demuestra que los licenciados conocieran el idioma hace nueve años, cuando se desarrolló el proceso, y pidió al gobierno pruebas al respecto.

Por su parte, el peticionario Jorge Fernández subrayó que en el caso de dos culturas tan diferentes como la criolla y la maya no sólo es necesario entender el idioma, sino "contar con un intérprete traductor que evite malentendidos".

Lugo añadió que el bilingüismo de la gran mayoría de los mayas es "meramente instrumental", y que quienes declaran hablar español "suelen tener un uso muy limitado del mismo".

El consejero jurídico de Yucatán indicó que el acusado habló sobre la posibilidad de asistencia de un intérprete sólo con su abogada y que el gobierno no recibió ninguna solicitud, y aseguró que su sentencia se dictó "en razón de un cúmulo de pruebas que lo incriminan, y no de una deficiencia en el desempeño de su defensa".

Los representantes del Gobierno Federal señalaron varias medidas para facilitar la interpretación en los procesos a indígenas que han adoptado recientemente, y se comprometieron a buscar "una solución amistosa" con la mediación de la CIDH.

Según dijo a los medios el peticionario Rafael Lugo, esa solución consistirá, probablemente, en "una gracia especial para el caso", que él espera que pase por la redacción de un proyecto de Ley de Indulto que pueda beneficiar a más indígenas afectados por la situación.

Lugo se mostró "satisfecho" con la audiencia y señaló que "es la primera vez que el gobierno federal muestra interés por resolver el caso", llevado hasta ahora a nivel estatal. EFE llb/mla/cs

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