Denuncian participación de funcionarios mexicanos en torturas de detenidos

Washington, 5 nov (EFE)- Los funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública de Tijuana, del estado de Baja California (México), han participado "activamente en actos de tortura" de personas detenidas de forma preventiva bajo la figura del arraigo.

Esta denuncia la hicieron hoy ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (CCDHN) y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), así como familiares de víctimas arraigadas que sufrieron esta situación en carteles militares.

Estas organizaciones han documentado casos de graves violaciones de derechos humanos a manos de militares en el contexto de la llamada guerra contra el crimen organizado, en los que el arraigo (detención preventiva) se configura como una medida no excepcional sino como una regla general, señaló CMDPDH.

En su periodo de aplicación, según los denunciantes, las víctimas detenidas sufren torturas para obligarles a confesar sobre supuestos crímenes cometidos.

La Procuraduría General de la República (PGR) emplea a menudo esta figura para recopilar pruebas en contra de los detenidos en casos de delincuencia organizada tras arrestarlos.

Las organizaciones consideran que la reforma del sistema de Justicia Penal en 2008 ha generado avances como la implementación de un sistema de acusación o la incorporación del principio de presunción de inocencia, pero en su conjunto no concilia el equilibrio necesario entre la demanda de seguridad pública y la exigencia de preservar los derechos humanos.

Eso ocurre porque se ha configurado un sistema de excepciones a los derechos constitucionales que abre una puerta a la arbitrariedad, como es el caso de la figura del arraigo penal y la ampliación del concepto de delincuencia organizada, sostuvieron.

Mayra López Pineda, una de las peticionarias, relató el caso de 25 policías de Tijuana arraigados durante 40 días y torturados por militares.

Los policías nunca supieron por qué fueron detenidos, no hubo orden de aprehensión y fueron torturados para arrancarles confesiones y hacerles firmar declaraciones que nunca pudieron leer.

También se refirió al caso de cuatro civiles detenidos en Tijuana en junio por su supuesta vinculación con el secuestro de un hombre de 66 años y que fueron llevados a dos casas particulares en vehículos no oficiales.

En el momento de su detención les vendaron los ojos y posteriormente los golpearon en las costillas, al tiempo que les aplicaron asfixia simulada colocándoles bolsas de plástico en la cabeza, además someterlos a cargas eléctricas en los genitales.

Los cuatro civiles fueron obligados a firmar su declaración con los ojos vendados.

En la audiencia compareció además Luis Castellanos, el hermano de Ricardo Castellanos, arrestado arbitrariamente en septiembre en Tijuana, y quien fue golpeado, sometido a cargas eléctricas y actos de asfixia.

Sin embargo, en el informe del visitador adjunto de la Procuraduría de Derechos Humanos de Baja California no constaron estas torturas.

Castellanos, acompañada por Blanca Mesina, hija de un policía arraigado que sufrió una situación similar, pidió a la CIDH medidas de protección para los familiares de las víctimas por las amenazas recibidas por parte de militares y funcionarios.

Las organizaciones pidieron a la CIDH que gestione ante el Estado mexicano una visita del relator para las personas privadas de la libertad y que rechace el arraigo en cuarteles y casas particulares recordando al Gobierno sus obligaciones internacionales.

Por su parte, solicitaron a México que convoque una mesa de trabajo, con la participación de la CIDH, para recibir las denuncias por torturas cometidos en instalaciones militares.

El Gobierno de México, representado por Víctor Hugo Pérez, de la dirección general de Protección de Derechos Humanos, aseguró que la seguridad pública en ese país se rige por los principios de la legalidad, eficiencia, honestidad y el respeto a los derechos humanos, a la vez que destacó que existe un mecanismo nacional para evitar la tortura y un juez de control para las detenciones. EFE cae/ap

Terra/EFE