Organizaciones de defensa de derechos humanos denunciaron este lunes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) un "genocidio civil" en República Dominicana, ya que a miles de personas de ascendencia haitiana se les estaría revocando la nacionalidad.
Una serie de medidas legislativas "ha truncado la vida de miles de personas, obligándolas a vivir desnacionalizadas de hecho", afirmó Digna Adames, directora del Servicio Jesuita a Refugiados y Migrantes (SJRM), durante una audiencia en la CIDH.
Las organizaciones afirman que después de aprobarse la Ley de Inmigración en 2004 pero sobre todo desde la emisión de la Resolución 12, que aumenta los requisitos para conseguir documentos de identidad, ha aumentado la negación de esos documentos a dominicanos.
"Esta Resolución administrativa ha tenido un impacto desproporcionado sobre un grupo específico, aquel de ascendencia haitiana", afirmó Francisco Quintana, abogado del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).
Los representantes del Estado dominicano presentes en la audiencia negaron las denuncias.
Según un sondeo de SJRM, hay 1.584 casos documentados de personas afectadas, pero "hay miles de personas más que no han sido contadas y muchas otras personas que no saben que cuando vayan a solicitar el acta (de nacimiento) se les va a negar", dijo Adames.
Existe "un genocidio civil retroactivo", afirmó Adames, ya que según las organizaciones se ha aplicado retroactivamente la Resolución 12.
"Quieren echarnos a la basura a través de este genocidio civil que no nos permite acceder a ningún servicio", dijo Ana María Belique, a quien se le negó el acta de nacimiento en un primer momento, aunque luego la obtuvo mediante un proceso judicial.
Belique denunció maltrato por parte de los funcionarios dominicanos. "Era como si nacer de padre haitiano fuese lo peor que hubiese pasado", afirmó.
Las organizaciones pidieron a la CIDH que presione para que se derogue la Resolución 12 y que visite el país para constatar la situación.
Por su parte, el embajador dominicano en la Organización de Estados Americanos (OEA), Roberto Saladín, afirmó que "no es posible concluir que en la República Dominicana exista una política de Estado para revocar la nacionalidad de miles de dominicanos".
El gobierno solo ha recibido 120 casos de personas afectadas y 80 de ellos ya fueron respondidos, según Saladín.
Saladín explicó que las disposiciones legales han servido para detectar irregularidades en actas de nacimiento, no sólo de personas de ascendencia haitiana, dentro de un proceso de depuración del registro civil.
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