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08 de febrero de 2014 • 10:27 AM

Hija del rey Juan Carlos niega responsabilidad en caso de presunta corrupción

 

La infanta Cristina, hija del rey Juan Carlos de España, declaró hoy ante un juez que no participó en la gestión de la empresa Aizoon que tenía al 50 % con su marido, Iñaki Urdangarin, según dijeron a Efe fuentes jurídicas.

Cristina de Borbón continuará declarando hoy tras el receso de casi dos horas fijado por el juez instructor del caso Nóos, José Castro, como imputada de supuestos delitos de fraude fiscal y blanqueo de capitales a través de Aizoon.

Aizoon es la empresa a la que Urdangarin habría presuntamente desviado fondos del Instituto Nóos, que el marido de la infanta dirigía junto con un socio.

Según un abogado presente en la sala que durante el primer receso de diez minutos ha hecho declaraciones a los medios de comunicación, el letrado del Frente Cívico "Somos Mayoría", Manuel Delgado, la infanta ha explicado que montó una empresa con Urdangarin "porque tenía mucha confianza en su marido".

Delgado dijo que la infanta "no está contestando prácticamente a nada", que responde al juez con evasivas "en un 95 %", con lo que consideró que "está ejerciendo su derecho a no decir una verdad que la comprometa, ese derecho lo está ejerciendo plenamente".

Uno de los abogados de la infanta, Jesús Silva, ha expresado su confianza en que el juez del caso Nóos "acabe sobreseyendo las actuaciones" contra la hija menor del Rey.

Fuentes consultadas por EFE dijeron que la infanta está respondiendo a todas las preguntas del magistrado con una actitud tranquila.

La infanta llegó en automóvil al juzgado de Palma de Mallorca, en las Islas Baleares, y recorrió a pie, sonriendo, los últimos metros hasta la puerta del edificio judicial, donde la esperaba un numeroso grupo de informadores que han podido captar su imagen.

La comparecencia de la infanta en el tribunal ha despertado el interés de muchos medios de comunicación, tanto españoles como extranjeros, y numerosos efectivos de la policía han sido desplegados en el perímetro del tribunal para asegurar que no se produjeran incidentes e instalar un fuerte cordón policial para controlar a los grupos de manifestantes.

Ante el edificio, se llegaron a concentrar unas 300 personas, algunas portaban banderas republicanas, otras eran empleados de la empresa Cola-Cola, que quisieron aprovechar la concentración de medios para protestar contra los planes de la empresa de recortar empleos, y también había curiosos.

Los cerca de doscientos efectivos que las fuerzas de seguridad desplegaron en las inmediaciones del edificio de los tribunales de Palma mantuvieron a los manifestantes alejados de la infanta y de la puerta trasera por la que entró para declarar.

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