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15 de noviembre de 2012 • 04:13 PM • actualizado a las 04:24 PM

Criminalizar al adicto, otro rostro de la guerra antinarco

'He sido estigmatizado por consumir drogas'Haz clic para ver el video en Terra TV
'He sido estigmatizado por consumir drogas'
 

Ciudad de México.- El incremento sistemático de la violencia y vejaciones a los derechos humanos, así como la criminalización y satanización, tanto de las sustancias, como personas adictas, ponen en evidencia que la estrategia antidrogas del sexenio que está por terminar fue un rotundo fracaso, coinciden activistas y especialistas en la materia.

Según expertos en el tema, el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa sacó al Ejército a las calles sin hacer una profunda reforma de justicia ni capacitar adecuadamente al personal castrense en torno a los derechos humanos, y mantuvo un discurso ante los medios de comunicación que se inclina más por responsabilizar a los usuarios de drogas de la violencia generalizada en el país y a culpabilizar a las sustancias que ellos consumen.

Señalan que los altos niveles de violencia registrados en México en los últimos seis años han impactado negativamente en la economía y en los usuarios de drogas, a quienes tradicionalmente se les concibe como seres “desviados” o “disfuncionales”, y que en este periodo presidencial han padecido mayores niveles de marginación y discriminación social e institucional.

¿Para que las drogas no lleguen a tus hijos?

Lisa Sánchez, gerente para América Latina de Transform/México Unido Contra la Delincuencia, advierte una visión errada en la sociedad: que las drogas son “malas” por antonomasia, ya que cualquier sustancia mal utilizada por el ser humano, incluso el azúcar, puede ser nociva para la salud.

En opinión de la especialista, prevalece un discurso en la sociedad mexicana: “que las drogas no lleguen a tus hijos”, utilizado en campañas políticas y que tiende a culpabilizar a una sustancia, en lugar de establecer una responsabilidad a nivel individual y colectivo.

La lucha contra las drogas emprendida en el país una vez que Felipe Calderón asumió la Presidencia de la República en 2006, ha traído más retrocesos que avances, sobre todo, en materia de derechos humanos, pues se sacó al Ejército a las calles sin ponerle un límite al fuero militar, de manera que se dio “un permiso de facto (a los elementos castrenses de Estado) para abusar de su autoridad, sin el riesgo de ser juzgados por un tribunal civil”, refiere Lisa Sánchez.

De acuerdo con la experta, Calderón “se mantuvo necio, más que firme, con su estrategia. La evidencia está allí. No es algo que se pueda ocultar con un dedo. Los más de 90 mil muertos por enfrentamientos frontales contra las bandas del narcotráfico no es algo que se pueda poner en tela de juicio. No es que se quiera contradecir al Presidente por el gusto de contradecirlo. Es lamentable que un jefe de Estado, incluso viendo las consecuencias de su actuar, se niegue a redirigir el rumbo”.

El sector empresarial, indica la experta, ha admitido que la estrategia calderonista no ha sido la manera más óptima de lidiar con el problema del narcotráfico, pues los enfrentamientos entre bandas rivales o entre elementos federales y organizaciones criminales han vaciado ciudades enteras de actividad industrial, y consecuentemente, se ha visto mermada la actividad económica de estas poblaciones.

“No es lo mismo los daños asociados a las drogas que los daños asociados a la política de drogas”

En la "Primera encuesta de usuarios de drogas ilegales en la Ciudad de México", levantada por el Colectivo por una Política Integral hacia las Drogas (Cupihd), tres de cada cuatro personas refirieron haber sido discriminadas por ser usuarios de estas sustancias y dos tercios reportaron actos de extorsión o detención de la policía u otra autoridad gubernamental.

A los consumidores de narcóticos se les vincula con las tasas de homicidios y los altos índices de violencia en el país, pero “no es lo mismo los daños asociados a las drogas que los daños asociados a la política de drogas”, subraya Lisa Sánchez.

Para la especialista de Transform/México Unido Contra la Delincuencia, los usuarios de drogas, además de enfrentar el discurso que los hace "merecedores" de segregación, generalmente tienen ante sí, servicios de desintoxicación, rehabilitación y reinsersión social pobres, incipientes y fuera de la regulación del Estado, pues en su mayoría están dirigidos por asociaciones civiles, comunitarias y religiosas, "que no necesariamente cuentan con los recursos humanos y económicos para operar".

Y quienes no pueden o no quieren iniciar un tratamiento para aliviar su dependencia a las drogas, es común que tampoco encuentren servicios de reducción de daños en las instituciones públicas, es decir, políticas y programas enfocados a disminuir los problemas sociales, económicos y de salud asociados al consumo de sustancias psicoactivas.

La Red Mexicana de Reducción de Daños (Redumex), conformada por organizaciones de la sociedad civil, ha tenido que trabajar en condiciones adversas ante la falta de voluntad política del gobierno federal y la escasez de recursos económicos. Sánchez ejemplifica que tan sólo los usuarios de drogas inyectables requieren jeringas libres de virus como el VIH o el de la Hepatitis C; sin embargo, no hay disponibilidad de materiales esterilizados a nivel nacional.

Reducción de daños versus persecución institucional

María Elena Ramos, directora del Programa Compañeros, una organización no gubernamental (ONG) que implementa acciones de reducción de daños con usuarios de drogas inyectables (UDI) en Ciudad Juárez, Chihuahua, describe que este sector de la población está marcado por la pobreza, la marginación social y la enfermedad.

“La Hepatitis C les ha llegado muy fuerte. La enfermedad es muy agobiante. Los vemos con inflamaciones en el vientre, en las piernas, en las manos, con signos claros de cirrosis, sin recursos y ni siquiera conocen su diagnóstico”, describe la activista juarense.

En la urbe fronteriza, el Programa Compañeros realiza intercambio de jeringas, recolecta residuos infectocontagiosos, da orientación para la reducción de daños y practica pruebas de detección del VIH y la Hepatitis C; sin embargo, Ramos Rodríguez admite que los recursos económicos destinados a esta estrategia aún están “muy limitados”.

La integrante de Redumex ve que al escenario, ya de por sí adverso, de las personas UDI se suma la persecución policíaca y castrense, pues si bien la estrategia antinarco del gobierno federal incluyó acciones necesarias, las fuerzas de seguridad también perpetraron violaciones a los derechos humanos.

Los soldados y federales desconocen qué es la reducción de daños, y entonces, fue recurrente que buscaran las jeringas de los UDI como evidencias del consumo de droga, con “un permiso para maltratar, golpear y todo basado en la seguridad”, argumenta la activista.

“Tenemos una deuda pendiente con ellos, porque consideramos que no son ciudadanos o son seres humanos de otra categoría. Los usuarios de drogas no tienen una identidad ciudadana, por lo que si a ellos los golpean, no se creen sujetos de derechos”.

El Estado viola el derecho a la salud de los usuarios de drogas

Carlos Zamudio, director de Investigación del Cupihd, asevera que si bien la administración federal, a través del Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH/Sida (Censida), y en coordinación con las ONG, ha distribuido jeringas estériles entre comunidades usuarias de heroína, principalmente en urbes fronterizas como Ciudad Juárez y Tijuana, “ha sido muy renuente a la reducción de daños en las demás drogas, tanto legales como ilegales; además de que abiertamente no habla de esta estrategia, pues le causaría problemas con el gobierno americano”.

Para el especialista, la política en materia de drogas del gobierno federal en ninguna manera ha sido integral. La mayor parte del presupuesto ha recaído principalmente en dependencias de seguridad y justicia, en una relación aproximada de 12 a 1 en comparación con los recursos destinados al tema en las instituciones sociales, de salud o de educación pública.

Los más de 300 Centros Nueva Vida, cuya campaña estuvo encabezada por la Primera Dama Margarita Zavala, se enfocaron sólo a la prevención y detención temprana de las adicciones en adolescentes y jóvenes en situación de vulnerabilidad; sin embargo, se dejó de lado el tratamiento de salud de usuarios de drogas, lo cual “es sumamente grave”.

Los Centros de Integración Juvenil (asociación civil incorporada al sector Salud) sólo ofrecen un tratamiento basado en la abstención, por lo que quedan fuera quienes no deseen o no puedan dejar de consumir drogas pero sí requieran atención para reducir daños asociados al consumo de sustancias.

Además, estos centros orientaron su trabajo a los dependientes de alcohol, marihuana e inhalables (las drogas históricas); sin embargo, alerta el investigador, en la última década, la demanda de tratamiento por parte de los usuarios de crack y anfetaminas “los han rebasado y no han sabido cómo reaccionar”.

En realidad, quienes se han hecho cargo del problema son asociaciones basadas en mayor o menor medida en el programa de rehabilitación de Alcohólicos Anónimos (AA). En consecuencia, “vemos una violación a la Constitución (artículo 4) por parte del gobierno federal, al negarle el derecho a la salud a aquellos usuarios que no quieren dejar de consumir. No les dan una opción de tratamiento, lo cual, ha provocado el incremento de centros que dan servicios de manera informal”, expone el autor del libro Las redes del narcomenudeo.

El narcomenudeo y las cifras maquilladas

Sobre la Ley contra el Narcomenudeo, Carlos Zamudio comenta que el Ejecutivo federal la promulgó mas no se articuló con las 32 entidades del país, por lo que la mayoría de los estados se amparó en los artículos transitorios para no aplicarla (el marco legal les dio un periodo de tres años para ponerla en marcha).

Asimismo, Zamudio apunta que la legislación tiene serias deficiencias. Por ejemplo, las dosis permitidas. En el caso de la cocaína, establece la posesión de hasta medio gramo, pero en el mercado negro regularmente se maneja en gramos. De esta manera, cualquier usuario que sea encontrado después de comprar droga puede ser confundido y tratado como narcomenudista, lo cual es grave, no sólo porque implica un despliegue policial innecesario, sino que abona a la criminalización y exclusión de los consumidores de estas sustancias.

“La mayoría de los detenidos eran personas solas y hasta donde sabemos, el comercio de las drogas se tiene que llevar entre dos personas. No puede ser una misma persona la que se venda y se compre. Hemos observado que la mayoría fueron detenidos ya sea porque estaban consumiendo en vía pública o porque la Policía los vio sospechosos. Si hubiera una investigación, las detenciones incluirían cuando menos dos personas. El esfuerzo debe concentrarse en perseguir a los delincuentes y no en estar maquillando la política de drogas”, critica el especialista.

Explorar alternativas de regulación, tarea del próximo gobierno

La evidencia científica muestra que la mayoría de las personas adictas ha padecido problemas de violencia durante su infancia y juventud, ya sea intrafamiliar o en la calle, por lo que, augura Carlos Zamudio, la violencia desbordada a causa de la llamada “guerra contra las drogas”, sólo provocará el incremento del consumo de drogas, lo cual será benéfico para los grupos delictivos, quienes se aprovechan de la oferta y la demanda, así como la debilidad del Estado en la materia.

Reitera que la política antidrogas de Felipe Calderón fue un fracaso. Piensa que el próximo gobierno de la República tiene la oportunidad de hacer un replanteamiento de la estrategia, lograr una verdadera articulación con las 32 entidades del país y abrir el debate en torno a la legalización de las drogas.

“¿Dónde están las acciones con personas en situación de calle? ¿Los menores en conflicto con la ley? ¿Dónde están las acciones para acercar a las mujeres a los servicios de tratamiento?”, cuestiona Lisa Sánchez al referirse a los déficits que podría atender la próxima administración federal.

Opina que el país debe debatir respecto a alternativas de regulación de mercados de drogas, para regresar al Estado su capacidad normativa en el tema. “A México le conviene explorar la regulación del cannabis, en una primera etapa, y lo siguiente es adoptar un enfoque de salud pública, y verdaderamente basar el tema en evidencia científica, separando siempre que no es lo mismo el uso que el abuso y la dependencia, para evitar que se estigmatice y criminalice más a los usuarios de drogas”.

Terra