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03 de noviembre de 2011 • 03:41 PM

Propuesta para despenalizar el aborto se traba en el Parlamento argentino

Una propuesta que consagraba el derecho de las mujeres a interrumpir el embarazo en las primeras 12 semanas de gestación quedó hoy trabada en el Parlamento argentino al no reunir los apoyos necesarios.

No obstante, Juan Vega, titular de la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados, indicó que convocará a las comisiones de Familia y Salud para que la semana que viene debatan en conjunto la iniciativa y la envíen para su tratamiento a la Cámara baja.

El Parlamento argentino reinició este martes el debate para despenalizar el aborto, cuando la Comisión de Legislación Penal comenzó a discutir una serie de proyectos que habían sido presentados el año pasado.

En esa sesión avanzó un dictamen que consagra el derecho de las mujeres a interrumpir el embarazo en las primeras 12 semanas de gestación y establece permisos cuando corre riesgo la vida o la salud de la madre y en casos de violación y de malformaciones fetales graves.

Sin embargo, la propuesta quedó con seis firmas, a dos de las ocho que exigía como mínimo la habilitación del dictamen.

Aunque el aborto está prohibido por ley en Argentina, salvo en casos de peligro para la vida o la salud de la madre, violación o abuso a una mujer discapacitada, según cifras oficiales se registran alrededor de 500.000 interrupciones voluntarias del embarazo cada año.

En el reinicio del debate, grupos a favor y en contra de los proyectos de ley de despenalización del aborto en Argentina se manifestaron en la sede del Parlamento.

La discusión de este tema sensible prevé tener un final abierto pues tanto dentro del oficialismo como de los partidos de oposición con representación parlamentaria hay posiciones a favor y en contra de la despenalización.

La presidenta argentina, Cristina Fernández, no se ha pronunciado públicamente sobre el asunto, pero el año pasado frenó una resolución que permitía a los médicos interrumpir embarazos producto de violación sin necesidad de intervención judicial.

Las leyes argentinas aceptan el aborto en los supuestos de violación probada, peligro para la vida o incapacidad mental, pero estos casos deben dirimirse en los tribunales.

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