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22 de mayo de 2013 • 12:21 PM

Argelia restringe las libertades básicas de expresión, reunión y asociación

 

Las autoridades argelinas mantienen las restricciones a la libertad de expresión, asociación y reunión, con medidas como dispersar las manifestaciones y hostigar a los defensores de los derechos humanos, en un país en el que las mujeres sufren discriminación en la ley y los abusos siguen impunes.

Según denuncia Amnistía Internacional en su informe anual de 2012, las violaciones de los derechos humanos cometidas en la década de 1990 y las torturas infligidas a los detenidos durante los años siguientes seguían impunes.

El pasado año hubo atentados mortales perpetrados por distintos grupos armados y hay constancia de al menos 153 condenas de muerte, aunque desde 1993 no hay ejecuciones legales.

Pese a que durante todo el año se sucedieron las protestas y manifestaciones de sindicalistas y otros grupos por el desempleo, la pobreza y la corrupción, las fuerzas de seguridad las disolvían o impedían su celebración mediante el bloqueo o las detenciones.

El Gobierno de Argel no ha secundado las recomendaciones de revocar las leyes aprobadas bajo el estado de excepción (en vigor de 1992 a 2011).

Las nuevas leyes sobre la información y asociaciones, adoptadas en diciembre de 2011, restringen la labor informativa de los medios en cuestiones de seguridad, soberanía o intereses económicos. Además endurecían los controles sobre las ONG ya que las autoridades podían suspenderlas o disolverlas, impedir su registro legal o negarles financiación.

Los periodistas podían ser procesados por difamación en aplicación del Código Penal y así Manseur Si Mohamed, de La Nouvelle République en Mascara, fue multado y condenado a dos meses de prisión en junio por "comentarios difamatorios", al escribir que un funcionario del Estado incumplió una decisión judicial.

Pese a haber levantado en 2011 el estado de excepción, las autoridades mantuvieron la prohibición de manifestaciones en Argel.

Abdelkader Kherba, de la Liga Argelina para la Defensa de los Derechos Humanos y del Comité Nacional para la Defensa de los Derechos de los Desempleados, fue multado y condenado a un año de prisión como culpable de "incitación directa a una concentración" al sumarse a una sentada de empleados judiciales y filmarla.

En octubre, la Policía detuvo y golpeó a Yacine Zaid, activista sindical y presidente de la oficina de la Liga Argelina para la Defensa de los Derechos Humanos en Laghuat.

Posteriormente fue acusado de "agresión a un agente del orden" y condenado a seis meses de prisión y multa.

El tribunal desestimó su denuncia de agresión policial, pese a la existencia de pruebas médicas.

Zaid y otros tres defensores de los derechos humanos, que habían participado en una sentada a las puertas del tribunal en el que era juzgado Abdelkader Kherba en abril, fueron acusados de un delito punible con hasta un año de prisión.

Los grupos armados, como Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI), perpetraron atentados con explosivos y otros ataques, sobre todo contra objetivos militares.

Las autoridades informaron de la muerte de miembros de grupos armados pero sin dar a conocer muchos detalles, lo que hizo temer que algunos hubieran sido ejecutados.

Se tuvo noticia de la muerte de al menos cuatro civiles por explosiones de bombas o por disparos de las fuerzas de seguridad.

El Departamento de Información y Seguridad seguía teniendo amplias facultades para detener y recluir, incluso en régimen de incomunicación en el caso de los sospechosos de terrorismo, lo que facilita la tortura.

Abdelhakim Chenoui y Malik Medjnoun, condenados en 2011 a 12 años de prisión por el asesinato del cantante cabileño Lounes Matoub, quedaron en libertad en marzo y mayo de 2012, respectivamente. Ambos habían permanecido recluidos ininterrumpidamente desde 1999 hasta su juicio en 2011.

Chenoui afirmó que había "confesado" bajo coacción, y Medjnoun declaró que fue torturado.

Las autoridades no tomaron medidas para investigar las miles de desapariciones forzadas y demás abusos contra los derechos humanos cometidos durante el conflicto interno de la década de 1990.

La Carta para la Paz y la Reconciliación Nacional, en vigor desde 2006, concedía impunidad a las fuerzas de seguridad y trataba como delito la critica pública de su conducta.

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