Este sindicato, junto con el de pilotos, Sepla, y el de Técnicos de Mantenimiento, Asetma, además de USO y otras organizaciones sindicales, han solicitado a la Administración española que obligue a Ryanair a operar en las mismas condiciones que el resto de compañías para evitar discriminaciones y, en consecuencia, la vulneración del Artículo 14 de la Constitución.
Ryanair se ha hecho "famosa" entre el público por sus "extravagantes estrategias publicitarias basadas en el escándalo, con el único objeto de que tengan repercusión en los medios informativos y amplificar así su difusión con un coste mínimo", explicó Stavla, sindicato profesional con más afiliación en Iberia y el único que pertenece a la Comisión Técnica para la Seguridad Aérea junto con Sepla y Asetma.
Además, Ryanair ha hecho extensivas estas prácticas al resto de sus estrategias empresariales, "incurriendo en una competencia desleal tolerada, favorecida y subvencionada por el Gobierno".
Ryanair tiene 1.500 trabajadores residiendo en España que no cotizan en nuestro país por estar contratados en Irlanda o a través de intermediarios aéreos.
Estos trabajadores no están dados de alta en régimen alguno de la Seguridad Social española ni están afectados por el régimen jurídico y social de la legislación de España que, "a fin de cuentas, es el país en el que trabajan y del que reciben subvenciones gubernamentales y autonómicas".
Precisamente son estas subvenciones y exenciones de tasas de las que disfruta Ryanair las que le permiten "dinamitar a sus competidores", lo que, en opinión de Stavla, tiene "un efecto perverso sobre los puestos de trabajo del sector aéreo que son sustituidos por otros más precarios (sin crear nuevos), los cuales reportan impuestos directos únicamente a otros Estados".
Algunos ejemplos de esta competencia desleal ejercida por Ryanair es el incumplimiento de la normativa española de precios finales que resultan engañosos o la creación de nuevas rutas y promoción de nuevos destinos para luego amenazar con su supresión, si no se reciben ayudas públicas.
También lo son la destrucción de competidores a base de quitarles viajeros ofreciendo tarifas inicialmente más bajas para más tarde monopolizar destinos y acabar imponiendo una tarifa mayor, práctica con la que no aumentan el número de viajeros totales.
Otro ejemplo es, según ellos, el abuso de las infraestructuras pagadas con los impuestos de todos los españoles, "cuando ni ellos ni sus trabajadores pagan ni impuestos ni tasas en España". EFE kot/jj
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