En un comunicado de la cancillería de Honduras, el gobierno de facto amenazó con adoptar "medidas adicionales" que no especificó si Brasil no cumple con el periodo establecido, y también condicionó el retorno de embajadores extranjeros al país centroamericano después que se prohibió la entrada de un grupo de diplomáticos al país.
El presidente brasileño respondió en una rueda de prensa en isla Margarita, Venezuela, a la posición comunicada por las autoridades de facto en Honduras, que "no acata ultimátum de golpistas" y luego calificó al presidente Roberto Micheletti como un "usurpador en el poder".
Zelaya se encuentra alojado desde el lunes en la embajada brasileña de Tegucigalpa, en su más reciente maniobra en busca de ser restituido a la Presidencia, cargo del que fue despojado el 28 de junio cuando militares lo sacaron del país.
Un comunicado de la cancillería hondureña divulgado el domingo expuso: "nuevamente solicitamos al gobierno de Brasil que defina el estatus del señor Zelaya dentro de un plazo no mayor de 10 días. De no ser así, nos veremos obligados a tomar medidas adicionales de acuerdo al derecho internacional".
Instó a Brasil a "que inmediatamente tome medidas para asegurar que el señor Zelaya deje de utilizar la protección que le ofrece la representación diplomática para instigar a la violencia en Honduras".
Pero Zelaya respondió que "no renuncio a las manifestaciones públicas de mis simpatizantes porque es un derecho que nos asiste".
"La resistencia debe manifestarse las 24 horas continuas contra el golpe", agregó el depuesto mandatario en rueda de prensa en el interior de la embajada.
También defendió la decisión del gobierno brasileño de recibirlo en su embajada y afirmó que "al darme protección, sólo protege al presidente legítimo hondureño y allana el diálogo por la democracia".
Sostuvo que "este régimen de facto es dictatorial y se presenta como tiranía al violar los derechos humanos" de los hondureños, y exhortó a la comunidad internacional a que adopte "medidas enérgicas contra los golpistas para que el pueblo no siga sufriendo".
También pidió a las fuerzas armadas que recapaciten lo que hicieron el derrocarlo, que no sigan destruyendo su imagen. Más bien, señaló, los soldados "deben poner fin a este régimen de facto represivo".
Después de la respuesta de Lula al mensaje de Honduras, el canciller de facto Carlos López dijo en conferencia de prensa que "los 10 días están corriendo y desde el momento que Lula respondió significa que nos reconoce como gobierno. Es un plazo de cortesía que se dio a Brasil, que tiene una responsabilidad y no puede ignorar nuestra existencia".
Dijo que en este plazo, Brasil tiene de decidir "si (a Zelaya) lo van a entregar a las autoridades del poder judicial de Honduras, o va a pedir algún tipo de solución que sólo a ellos les corresponde formular"
Recordó que "fue Brasil el que rompió con el actual gobierno, (y) simplemente lo que estamos haciendo es reciprocar. No es posible que a nuestra representación la cierren, la desconozcan y que nosotros dejemos abierto indefinidamente una situación del personal de Brasil en Honduras".
Agregó que al no existir relaciones diplomáticas entre los dos estados, Brasil tiene que retirar el escudo y la bandera de su país y "pasa a ser una oficina privada", pero rechazó que esta situación sea aprovechada para allanar la embajada.
El mandatario derrocado ha pedido a sus seguidores que persistan con las manifestaciones de rechazo al gobierno golpista. Al respecto Lula dijo que hablarán con Zelaya para manifestarle que "no es políticamente correcto utilizar la embajada para hacer incitación a cualquier cosa".
A la pregunta de cuál sería el estatus diplomático que dará Brasil a Zelaya, Lula, quien se encontraba participando en la cumbre Sudamérica-Africa, expresó que el gobernante depuesto "estará hospedado hasta que la OEA y la ONU decidan qué hacer".
El mandatario brasileño dijo que la solución "simple" sería que "los golpistas" salgan del palacio de gobierno y permitan el retorno de Zelaya para que convoque a elecciones.
El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas exigió la semana pasada en un pronunciamiento que las autoridades instauradas en Honduras dejen de hostigar la embajada brasileña en Tegucigalpa. El G-16, un grupo de países industrializados, emitió un comunicado en el mismo sentido.
Micheletti ha pedido a Brasil que se lleve a Zelaya como asilado o lo entregue a la justicia hondureña, ante la que enfrenta cargos por intentar consultar a la población en un referendo sobre eventuales reformas a la Constitución.
En el mismo comunicado, la cancillería condicionó el retorno de embajadores que fueron retirados de Tegucigalpa después del golpe de Estado, al afirmar que serán recibidos sólo si sus naciones reconocen como legítimo al gobierno de facto.
Advirtió además que "la normalización de relaciones con esos países estará condicionada a medidas de reciprocidad inmediata", lo que implicaría el reconocimiento de embajadores hondureños designados por Micheletti.
El ministro de facto de Información, René Zepeda, confirmó que las autoridades prohibieron el ingreso de un grupo de diplomáticos que llegó el domingo al aeropuerto de Tegucigalpa. "Y eso se ha hecho porque Honduras no es un potrero", subrayó.
Eran cinco empleados de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Uno de ellos, el supervisor chileno John Biehl, dijo a la AP que el grupo lo integraban él, dos norteamericanos, un canadiense y una colombiana.
"Venímos a cumplir una misión del secretario general de la OEA (José Miguel Insulza) y fuimos detenidos seis horas en el aeropuerto. Después llegó un alto funcionario de la cancillería, que nos notificó que seríamos expulsados del país, aunque dio la opción que podía quedarse uno de nosotros... y yo me quedé", declaró. Biehl dijo que las autoridades de facto le prometieron que haría su labor con "toda libertad".
La semana pasada, ante la inesperada presencia de Zelaya en la capital hondureña, la OEA y la Unión Europea manifestaron su intención de devolver a Tegucigalpa a los embajadores de sus países para ayudar a resolver la crisis política prevaleciente.
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Los periodistas de The Associated Press Mark Stevenson y Marcos Alemán contribuyeron con este despacho.
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