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 Advierten que cargo por telefonía en El Salvador es más alto de Centroamérica
1 de Febrero de 2010 17:11

San Salvador, 1 feb (ACAN-EFE)- El Salvador tiene la tarifa fija de telefonía residencial más alta de Centroamérica, reveló hoy la organización privada Centro de Defensa del Consumidor (CDC).

"El cargo de acceso o cuota fija en El Salvador, de 9,43 dólares, representa 163 por ciento más que la de Nicaragua (3,58) y un 76 por ciento más que la de Guatemala (5,36)", señaló en un informe la entidad.

Esta institución, nacida en 1991 a partir de movimientos de mujeres, cooperativas de consumo y organizaciones comunitarias en zonas urbanas, entre otros, añadió que la cuota mensual en El Salvador "representa un 349 por ciento más por el mismo servicio en Honduras, cuyo cargo es de 2,10 dólares".

La CDC planteó que, "de forma inmediata, se debe reducir el referido cargo, aplicándose el parámetro del costo y las condiciones a nivel regional", al indicar que en el país opera la misma compañía "que presta el servicio de telefonía fija en Guatemala y Nicaragua".

Pidió al Parlamento que reforme la Ley de Telecomunicaciones, para otorgar a la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET) las facultades para exigir a los operadores "la información técnica, financiera y estadística, a efecto que autorice las tarifas máximas con base en costos".

El estudio se conoció en momentos en que el presidente Mauricio Funes está a la espera de un proyecto de decreto aprobado por la Asamblea Legislativa que elimina el cobro de cargo básico de telefonía, y que el mandatario calificó de "irresponsable" y populista.

El proyecto de decreto fue promovido por la bancada del oficialista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y ahora está pendiente del aval presidencial.

Las empresas telefónicas criticaron al Parlamento por aprobar el proyecto de decreto, e indicaron que constituye "un precedente sumamente negativo para el clima de inversiones".

En un pronunciamiento difundido el pasado 25 de enero, advirtieron que, de implementarse, la medida "implicará la supresión de fuentes de trabajo, formales e informales", que el Gobierno estima en 12.000 puestos. ACAN-EFE lb/ast

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