Bolivia-Justicia
26/10/2007 - 17:47 (GMT)
La presidenta del Tribunal Constitucional, Elizabeth Iñiguez, y la decana de ese organismo, Martha Rojas, entregaron este viernes renuncias irrevocables a sus cargos, en un episodio más de la fuerte crisis que afecta a la justicia boliviana.
La dimisión ocurre casi dos meses después de que el opositor Senado archivó una demanda de juicio de responsabilidades, aprobada previamente por la oficialista cámara de Diputados, contra cuatro magistrados del Tribunal Constitucional, acusados de prevaricación por el presidente Evo Morales.
Iñiguez dijo en una carta al vicepresidente de Bolivia y presidente del Congreso, Alvaro García, que la renuncia obedece "a la agresión permanente contra el Tribunal Constitucional (y a) las ofensas a la dignidad de las magistradas que afectan nuestra sensibilidad de mujeres y madres".
"No obstante la existencia de resoluciones, continúa el sistemático hostigamiento (..) al extremo de que un diputado oficialista tuvo el atrevimiento de mellar no sólo mi dignidad de magistrado y profesional, sino también mi condición de mujer (...) y madre", protestó de su lado Martha Rojas.
Las magistradas aludieron al diputado oficialista Gustavo Torrico, quien dijo a la AFP que no intentó mellar "en absoluto a la mujer, a la que respeto mucho".
"Lo que dije fue que una prostituta tiene más moral en un convento que un magistrado impartiendo justicia, lo que significa una crítica a su trabajo profesional y no a su condición de mujer", explicó.
Según el congresista, las magistradas dimitentes tienen 16 denuncias de prevaricación en su contra.
Morales acusó por prevaricación ante el Congreso a Iñiguez y Rojas, además de a los magistrados Artemio Arias y Walter Raña, quienes observaron a fines del año pasado un decreto con los que eligió de manera directa a cuatro ministros de la Corte Suprema de Justicia, sin cumplir procedimientos constitucionales.
El oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS) demandó la nulidad de la resolución del Senado, bajo el argumento de que se violaron procedimientos al asumir una determinación, sin abrir la respectiva causa.
Terra/AFP