Internacional
31/10/2007 15:00 (GMT)
Por Adrian Croft
LONDRES (Reuters) - El máximo tribunal de Gran Bretaña dictaminó el miércoles que el Gobierno podría usar controvertidos poderes anti-terrorismo, pero sólo de manera atenuada.
La Cámara de los Lores halló que la restricción más severa que el Gobierno ha usado para controlar el movimiento de sospechosos de terrorismo, una detención de 18 horas en el hogar, viola el derecho humano a la libertad. Pero dijo que una detención de 12 horas era aceptable.
Las "órdenes de control" permiten que los sospechosos de terrorismo sean retenidos en arresto domiciliario parcial sin ser acusados de ningún delito.
El Gobierno dice que son vitales para la seguridad de Gran Bretaña, pero sus opositores sostienen que violan los derechos humanos del sospechoso y que son inefectivas. De 29 hombres a los que se les impusieron las órdenes de control, siete de ellos huyeron.
Los magistrados ratificaron una de las 10 órdenes de control que estaban considerando y refirieron otros casos a una corte inferior. También trazaron estrictos lineamientos para los tribunales inferiores que están decidiendo sobre la legalidad de los poderes, en base a cada caso.
Los cortes inferiores han dictaminado que las órdenes, a pesar de ser menos severas que la cárcel, podrían violar los derechos humanos, al negar la libertad a los sospechosos sin un juicio. El Gobierno apeló a la Cámara de los Lores para intentar revertir dicha decisión.
La ministra del Interior, Jacqui Smith, dijo que está satisfecha con que los magistrados hubieran decidido en favor de las órdenes de control.
"Estoy decepcionada porque se opusieron a las órdenes de control que contienen detenciones de 18 horas, que creo son requeridas para proteger la seguridad nacional," afirmó Smith en un comunicado.
Sin embargo, agregó que creía que el dictamen podría permitir al Gobierno imponer detenciones de hasta 16 horas.
Shami Chakrabarti, directora del grupo de derechos civiles Liberty, dijo que la decisión no satisface completamente a su grupo o al Gobierno.
Chakrabarti afirmó que estaba "decepcionada de que no se hayan revocado todas" y prometió llevar la lucha al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en Estrasburgo.
Terra/Reuters