Estados Unidos
06/12/2007 - 03:31 (GMT)
El senador federal Mark Pryor patrocinó una nueva propuesta para limitar la inmigración ilegal, pero reconoce que aún necesita trabajarse.
La Ley SAVE, presentada en la Cámara de Representantes por el congresista demócrata Heath Shuler, aumentaría la cantidad de agentes fronterizos, incrementaría la aplicación de leyes a solicitantes de empleos con números incorrectos de Seguridad Social y compraría anuncios para resaltar en América Latina estos nuevos esfuerzos.
Empero, Pryor dijo el miércoles en conferencia telefónica que la propuesta es similar a otra en la cámara baja y necesita trabajarse, lo cual podría no ocurrir en la sesión legislativa que está por terminarse este año.
A través de la propuesta se contrataría y equiparía a miles de agentes fronterizos con armas, helicópteros, vehículos y equipo de vigilancia. El otro gran componente de la medida pide que se implemente a nivel nacional un programa piloto que ahora revisa los números de Seguridad Social que presentan nuevos trabajadores o solicitantes a sus empleadores.
El gobierno del presidente George W. Bush anunció en agosto nuevas normas, dando a los empleadores 90 días para verificar los números de Seguridad Social de sus trabajadores. Las regulaciones piden que los empleadores despidan a aquellas personas que no puedan verificar que tienen los documentos legales para laborar.
Sin embargo, siguen pendientes los nuevos esfuerzos luego que un juez dijera que la base de datos federal de Seguridad Social tenía errores que le hubieran costado el empleo a muchos trabajadores legales, y que el gobierno no estudió apropiadamente los efectos que las leyes tendrían en el comercio.
El programa también convierte en delito federal el transportar, dar albergue, ocultar o proteger a un indocumentado. La medida incluye una cláusula para proteger a aquellas personas que ayudan a inmigrantes ilegales mientras trabajan en organizaciones religiosas sin fines de lucro.
Empero, en la forma en que está redactada la propuesta, no parece proteger a trabajadores de otras organizaciones no lucrativas ni a médicos, algo bastante criticado en la medida migratoria del 2006.
Terra/AP