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EL SALVADOR-SINDICATOS 

7/12/2007 - 23:23(GMT)

Sindicatos piden diálogo para reforma constitucional sobre derechos laborales

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San Salvador, 7 dic (EFE)- La Mesa Permanente por la Justicia Laboral de El Salvador pidió hoy al Gobierno de este país que abra un diálogo para discutir reformas constitucionales, a fin de respetar los derechos reconocidos internacionalmente a los trabajadores.

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El ente, integrado por medio centenar de organizaciones sindicales, propuso al Gobierno que en un corto plazo "debería abrirse un diálogo para elaborar, diseñar y aprobar una reforma constitucional y legal de consenso".

La iniciativa responde a la decisión tomada en octubre pasado por la Corte Suprema de Justicia de declarar ilegal el convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ya que la Constitución de la República no permite el derecho a sindicatos en las instituciones públicas.

Según el informe, el diálogo que podría propiciar la reforma permitiría una fácil "aplicación" del convenio y no obstaculizaría su ejercicio.

Agregó que es importante para el país "crear un mecanismo de consulta de constitucionalidad previo a la ratificación de tratados internacionales o leyes", a fin de evitar en el futuro una problemática similar.

El año pasado, el Gobierno decidió ratificar los convenios 87 y 98 de la OIT presionado por la disposición de la Unión Europea que los exigía para seguir brindando beneficios arancelarios con el Sistema Generalizado de Preferencias (SGP-Plus), que entró en vigor el 1 de enero de 2007.

La aprobación de los convenios, así como del 135 y 151, fue hecha por la Asamblea Legislativa en agosto de 2006, y luego el Ejecutivo, por medio de la Cancillería, entregó los instrumentos ya ratificados en la sede de la OIT.

La Corte Suprema de Justicia resolvió que el convenio 87 es "inconstitucional" en atención a dos recursos presentados de manera privada por los ciudadanos salvadoreños Rafael Antonio Muñoz y Gustavo Adolfo Torres.

Según los sindicatos, la situación genera "inseguridad jurídica" y "vulnera los derechos de los trabajadores públicos" reconocidos a nivel internacional. EFE cp/lbb/lb

Terra/EFE

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