P.RICO-ESTATUS
Antonio Martín Guirado Washington, 21 dic (EFE)- El Congreso de Estados Unidos tiene la última palabra en relación a cualquier decisión sobre el estatus político de Puerto Rico, según reafirmó hoy un informe del Grupo de Trabajo del presidente de EE.UU., George W. Bush.
Según explicó a los medios en una conferencia telefónica el presidente adjunto de ese grupo, Steven Engel, las conclusiones del nuevo informe mantienen las líneas generales del último documento en relación sobre ese asunto, que data de diciembre de 2005.
En aquel texto, se expresaba que Puerto Rico, Estado Libre Asociado (ELA) a EE.UU. desde 1952, es una jurisdicción que depende en última instancia de la autoridad del Congreso estadounidense.
Engel resumió los puntos más importantes del informe de 11 páginas que en la tarde de hoy se entregó a Bush, un documento que el Grupo de Trabajo del presidente estadounidense tiene obligación de realizar cada dos años.
"El informe se basa fundamentalmente en las conclusiones del anterior, y plasma las pautas para abrir el proceso por el que la gente de Puerto Rico pueda expresar su deseo sobre la relación que quieren que el ELA tenga respecto a EE.UU.", explicó el integrante del grupo.
"El texto repasa la historia de las relaciones entre EE.UU. y Puerto Rico y analiza las opciones, basadas en la Constitución estadounidense, que posee la población del ELA: pueden mantener su situación, optar por la estadidad o la independencia", aseguró Engel.
Ese camino consta de dos fases: primero, un plebiscito decidido por el Congreso de EE.UU. que daría a los puertorriqueños la opción de mantener el "status-quo" o abogar por un cambio, y si sale adelante esa decisión, se haría otra votación para dictaminar si la opción escogida es la estadidad o la independencia.
"Esa es una opción justa y apropiada para que la población de Puerto Rico exprese sus deseos", argumentó Engel, quien aclaró que el presidente estadounidense "se tomará su tiempo" para revisar el documento y ofrecer sus comentarios al respecto.
El Comité de Recursos de la Cámara de Representantes de EE.UU.
aprobó el 23 de octubre un proyecto de ley que contempla la convocatoria de un plebiscito en Puerto Rico, a más tardar en diciembre de 2009, para definir su futuro estatus político.
El gobernador de Puerto Rico, Aníbal Acevedo Vilá, pidió semanas después a la secretaria de Estado estadounidense, Condoleezza Rice, que enmendase las conclusiones del informe de la Casa Blanca de 2005 sobre el estatus político del ELA a EE.UU.
Acevedo Vilá aseguró que si Rice no enmendaba esas conclusiones, "debe notificar a las Naciones Unidas que Estados Unidos le mintió o ignoró la relación de Estado Libre Asociado", lo que "ha perpetuado un engaño monumental" en los boricuas, los estadounidenses y la comunidad internacional.
Puerto Rico fue colonia española hasta 1898, cuando tras la guerra Hispanoamericana pasó a manos de EE.UU. y en 1952 firmó su Constitución como ELA, lo que limita su autonomía en asuntos como protección de fronteras o acuñación de moneda.
Aunque la Asamblea General de la ONU sacó a Puerto Rico de la lista de colonias en 1953, desde la década de 1970 el Comité de Descolonización aprueba cada año una resolución que apoya el derecho de los puertorriqueños a su autodeterminación.
"La relación entre la población de Puerto Rico y Estados Unidos es un asunto de esas dos partes, no de un cuerpo internacional", aseveró hoy Engel.
Los nacidos en Puerto Rico tienen la ciudadanía estadounidense desde 1917, pero aunque las leyes federales se apliquen en Puerto Rico, los boricuas que viven en la isla no tienen derecho a votar en las elecciones presidenciales. EFE mg/pgp/esc
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