PENA DE MUERTE
Patricia Giovine El Paso (Texas), 31 dic (EFE)- Los presos sin recursos que puedan ser condenados en el oeste de Texas a la pena de muerte dispondrán desde mañana con la representación legal gratuita de una nueva oficina de Defensores Públicos.
Esta unidad de abogados especializados ha sido formada solo para atender durante el juicio a los presos acusados de crímenes que puedan derivar en una pena de muerte y se espera que con ello los acusados puedan disponer de una defensa competente y profesional.
Esta nueva unidad de abogados de oficio fue aprobada el pasado mes de octubre y dispone de un presupuesto de 2,5 millones de dólares anuales otorgado por La Fuerza de Trabajo Conjunta para Indigentes de Texas.
"Para ofrecer la mejor defensa a aquellos que son acusados de un crimen, es necesario incrementar los recursos que teníamos para atender a los casos de pena capital", explicó el director administrativo de los tribunales del condado de Lubbock, David Slayton.
La nueva oficina estará dirigida por el abogado especialista en casos criminales Jack E. Stoffregen, quien destinará personal especializado en cada ciudad del oeste de Texas para atender a los casos en los que la fiscalía solicite la pena capital.
Slayton explicó que, adicionalmente, se espera que esta nueva oficina disminuya los costes económicos de los casos en los que se pide la pena de muerte y que actualmente oscilan desde los 150.000 a 500.000 dólares.
Los abogados de oficio atenderán los casos de aquellos acusados que no puedan pagar un abogado privado y se coordinará la defensa de presos en aproximadamente 80 condados de Texas, desde Panhandle a Lubbock, El Paso, y hasta Midland-Odessa y San Angelo.
La apertura de la oficina ha sido bien recibida por abogados y los funcionarios del sistema judicial para evitar que se produzcan condenas de inocentes a la pena de muerte, en un estado como Texas que encabeza el número de ejecuciones en Estados Unidos.
El procurador de distrito en el condado de Lubbock, Matt Powell, expresó su satisfacción por la creación de esta oficina, al ser importante que los acusados dispongan de la mejor defensa posible.
El investigador privado Richard Reyna, quien ha participado en decenas de casos de apelaciones, reconoció que en muchos de los casos el acusado es declarado culpable no porque lo sea, sino por que no tuvo los medios para pagar a un abogado especializado.
"Son procesos muy complicados, que requieren a especialistas legales con experiencia", afirmó.
"La pena de muerte es discriminatoria, no en contra de un grupo étnico, sino de las personas sin recursos", dijo Reyna.
Powell subrayó, por su parte, que la actuación de los abogados de oficio es no solo importante para asegurar que la persona cuenta con un juicio justo, sino también para evitar que sea juzgada de nuevo, ya que la mayoría de las apelaciones de los condenados a muerte están basadas en irregularidades cometidas durante el proceso judicial. EFE pg/esc (con fotografía)
Terra/EFE