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Panamá propuso este viernes a 270 trabajadores despedidos que ganaron una demanda por 60 millones de dólares contra el Estado panameño ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), un pago final de 20 millones de dólares para cerrar el caso, informó el ministro de Trabajo, Edwin Salamín.
Según el ministro, los obreros ya recibieron en los últimos 8 años pagos por 10,8 millones de dólares.
Los obreros fueron despedidos en 1990 por el gobierno del entonces presidente Guillermo Endara, acusados de estar vinculados a un alzamiento militar.
Todos eran dirigentes sindicales de los institutos de agua, electricidad, telefonía, puertos y ferrocarriles y estaban protegidos por leyes especiales y fueros laborales.
Los sindicalistas realizaron hace un mes protestas ante la CIDH en Costa Rica para demandar que el organismo exija a Panamá el pago del dinero establecido en la condena.
Salamín informó a la prensa que Panamá quiere "acabar de una vez por todas con este problema, el cual ha llevado al Estado a la CIDH".
Un portavoz de los trabajadores despedidos, el ex dirigente portuario Manrique Mejía, rechazó la oferta del gobierno y advirtió que las indemnizaciones "son innegociables".
Panamá enfrenta otra demanda ante la CIDH entablada por familiares de 155 desaparecidos y asesinados durante el régimen militar que gobernó el país entre 1968 y 1989.
Terra/AFP