España, un sistema electoral proporcional que incluye a las minorías

29/2/2008 - 14:23(GMT)

Madrid, 29 feb (EFE)- Los españoles concurrirán a las urnas el domingo 9 de marzo para elegir los 350 nuevos miembros del Congreso (cámara baja) y los 208 del Senado que integran las Cortes españolas, cuyos escaños serán asignados por un sistema distributivo que permite que los grupos minoritarios también tengan voz.

En España existe el sufragio universal y sólo hay dos limitaciones a la hora de votar: la mayoría de edad -establecida en 18 años- y la inscripción en el censo electoral, que constituye la base de la organización del sufragio.

Las listas electorales son cerradas y bloqueadas, ya que no se pueden votar nombres de otras listas ni se puede alterar el orden de los candidatos.

El voto es directo y libre, es considerado un derecho y no una obligación, y los electores eligen directamente a sus representantes a través de las listas electorales que presentan los distintos partidos.

El territorio se divide en circunscripciones electorales, -un total de 50, tantas como provincias, a las que se suman las 2 correspondientes a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla (situadas en el norte de África)-, para tratar de establecer cuotas equilibradas de electores.

La Constitución establece que "la ley distribuirá el número total de Diputados, asignando una representación mínima inicial a cada circunscripción y distribuyendo los demás en proporción de la población".

A cada provincia se le adjudica un mínimo de dos diputados y a cada ciudad autónoma uno, con lo que quedan por distribuir 248 escaños, del total de 350, que se reparten en función del volumen de la población.

El reparto de esos escaños se hace de manera distributiva, según la regla de D'hont (llamada así por el político belga que la ideó en el siglo XIX), cuyo resultado se obtiene dividiendo el número total de votos válidos emitidos en una circunscripción entre el número de escaños que han de adjudicarse en dicha provincia.

Esta ley pretende que la distribución de los votos sea más equitativa y da la oportunidad de tener un lugar en el Parlamento a las formaciones más pequeñas, como los nacionalistas.

Este método de distribución, que se ha seguido desde las primeras elecciones en 1977, es un punto controvertido para algunos partidos que, como el bloque Izquierda Unida (IU), reclaman una revisión y un cambio de la norma recogida en la Constitución, porque consideran que es injusta.

IU, una coalición de partidos de izquierda, sostiene que es la "gran perjudicada" por una norma que impide hacer realidad el principio democrático de "una persona, un voto", y a su juicio favorece a los dos partidos mayoritarios -el gubernamental Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y el conservador Partido Popular (PP).

Por ello, propone una ampliación a 400 del número de diputados, y una nueva forma de reparto que mejore la ratio población-diputados, ya que, al basarse el reparto en el número de población de cada provincia y no en el número total de votos obtenidos, se dan casos en los que una fuerza política logra más escaños que otra aun teniendo menos votos.

Entre los 'pros' y los 'contras' de un sistema mayoritario en el que se conceden los escaños en función de los votos que obtiene cada partido, algunos expertos aseguran que favorece la estabilidad gubernamental pero propicia también el bipartidismo y simplifica el resultado electoral.

Mientras, sistemas como el D'hont favorecen la existencia de un número mayor de partidos en el Parlamento y dificultan la estabilidad gubernamental puesto que cuando no existe mayoría absoluta, los principales partidos se ven obligados a pactar con las formaciones más pequeñas para poder gobernar.

Además de los miembros de la Cámara Baja del Parlamento, el próximo día 9 también se elegirán a los 208 senadores que forman parte de la Cámara Alta, aunque en esta ocasión las listas son abiertas y los electores deben marcar a sus candidatos en una papeleta única. EFE elv/pi/va

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