Oposición solicita a Uribe no pagar recompensa a asesino de un jefe de FARC

13/3/2008 - 19:23(GMT)

Bogotá, 13 mar (EFE)- El opositor Polo Democrático Alternativo de Colombia (PDA) solicitó hoy al presidente Álvaro Uribe que se abstenga de pagar la recompensa de 5.000 millones de pesos (casi 2,7 millones de dólares) que le fue prometida al asesino de "Iván Ríos", miembro del mando central de la guerrilla de las FARC.

La retribución es tan ilegal como "el homicidio fuera de combate" del jefe rebelde, advirtió el presidente del PDA, el ex magistrado Carlos Gaviria Díaz, en un mensaje a Uribe divulgado en Bogotá.

Gaviria Díaz hizo pública la petición al gobernante cuando en el país crece la polémica por el anunciado pago a "Rojas", alias de Pedro Pablo Montoya, el rebelde que mató a "Ríos", del Secretariado de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Manuel Jesús Muñoz, nombre real de "Ríos", fue asesinado el pasado día 5 en las montañas de la población de Aguadas (oeste) junto a su compañera sentimental, según lo confesó "Rojas" a las tropas del ejército ante las que se entregó al día siguiente.

El homicida llevó consigo la mano derecha de "Ríos", que cercenó como prueba del crimen, lo mismo que el computador, la cédula de identidad y el pasaporte de su superior.

En el mensaje, el presidente del PDA observó que la Constitución del país "establece de modo terminante: 'El derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de muerte".

"Si el propio Estado ha renunciado a imponerla, es lógicamente inadmisible que pueda delegar en un particular la facultad de aplicarla impunemente y sin fórmula de juicio", consideró el jurista, antiguo presidente de la Corte Constitucional y ex candidato a la jefatura del Estado en los comicios de 2006.

Es, agregó, un mandato que "no admite interpretaciones laxas o excepciones casuísticas por parte de quien debe ser precisamente su garante, puesto que, es obvio, no pueden argüirse 'razones de Estado' contra la razón de ser del Estado".

Enfatizó que en la Carta Magna nadie podrá hallar una palabra o disposición que faculte al Gobierno para pagar sumas de dinero con cargo al erario como recompensa por el delito de homicidio, "ni aún en el caso de que la víctima del mismo hiciese parte de un grupo al margen de la ley o fuese responsable de graves delitos".

Según el jurista "más aún, el pago aludido no solo carecería de fundamento constitucional, sino que además está expresamente prohibido por la ley, puesto que tendría tanto objeto ilícito, como causa ilícita, vicios absolutos e insaneables cuando se trata de obligaciones, máxime si se pretende imputar éstas al Estado".

Un gobernante "no puede guiar su conducta por el principio 'el fin justifica los medios'", subrayó Gaviria Díaz, y apuntó que en un Estado de derecho el orden jurídico es el límite para "todo objetivo político y toda acción estatal por legítimos o justificados que parezcan".

La anunciada recompensa está prevista en un programa oficial de pagos por informes que permitan detener a jefes de grupos armados ilegales, y fue prometida el pasado viernes por el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, al revelar el caso.

Sin embargo, por una instrucción de Uribe, la retribución a "Rojas" sigue en estudio. EFE jgh/ei/ao

Terra/EFE