Iniciativa sobre trabajadores agrícolas mexicanos contradice leyes federales

14/3/2008 - 22:23(GMT)

Denver, 14 mar (EFE)- Un proyecto de ley impulsado por un senador estatal hispano de Colorado para contratar a miles de trabajadores agrícolas mexicanos infringirías las leyes federales vigentes sobre pago a extranjeros, advirtió un comité legislativo.

El Comité de Asuntos Estatales indicó que el proyecto HB08-1325, del senador Abel Tapia (demócrata de Pueblo) "violaría leyes federales en cuanto a la contratación de trabajadores de otros países", por lo cual se aplazó hasta la semana próxima el debate sobre esta propuesta, para darle tiempo a los abogados a que analicen el caso.

El pasado 4 de febrero, Tapia y la representante Marsha Looper (republicana de Calhan), dieron a conocer el llamado "Programa para Trabajadores Agrícolas Temporales", que busca "ayudar a los granjeros afectados (por las actuales leyes inmigratorias) a que cuenten con los trabajadores necesarios para que no se cierren esos negocios".

La propuesta pide que el gobierno de Colorado contrate a más personal administrativo para el Departamento de Trabajo y firme además un acuerdo con las autoridades federales de Estados Unidos y con el gobierno de México, o con los gobiernos de algunos estados mexicanos, para acelerar el procesamiento de las visas agrícolas H-2A y reducir ese trámite a no más de 45 días.

Con esa estructura legal ya establecida, el siguiente paso sería ayudar a que los granjeros contraten a los trabajadores que necesiten, probablemente mil por año durante los primeros cinco años, sin que, según Tapia, "la burocracia retrase el proceso".

Una de las estipulaciones de esta iniciativa es que, para asegurarse que los trabajadores regresen a México al finalizar sus contratos, los granjeros retengan un 20 por ciento del salario de esos trabajadores y le envíen ese dinero a México una vez que los trabajadores comprueben que ya están en su país.

Pero esa cláusula "contradice las leyes federales", testificó el abogado Joy Athanasiou ante el comité legislativo, puntualizando que las normas vigentes exigen el pago completo de los salarios de los trabajadores agrícolas.

La abogada Jennifer Rodriguez, de Colorado Legal Services, remarcó que "no se puede forzar el cumplimiento de una ley federal (la de inmigración) quebrando otra ley (la de empleos)".

Además, según un documento presentado por el Departamento de Trabajo de Colorado, "no queda claro si Colorado tiene el derecho a retener parte del salario de los trabajadores, ni si este estado puede pedir excepciones al gobierno federal en cuanto a la contratación de extranjeros".

"Ningún otro estado lo ha hecho", revela el documento.

Durante los testimonios ante el comité, grupos que se oponen a esta propuesta remarcaron que los empleadores tendrían que pagar por el viaje, el alojamiento, las comidas y los seguros de accidente de los trabajadores, incrementando notablemente el costo de contratar a esos trabajadores y, por lo tanto, cancelando los beneficios que significaría contar con esa mano de obra extranjera.

Otros testimonios, provistos por representantes sindicales en incluso por grupos a favor de los inmigrantes, se centraron en el hecho que el proyecto de Tapia no incluye ninguna previsión sobre la protección de los derechos de los inmigrantes mexicanos, lo cual podría llevar "al abuso y explotación" de esos trabajadores, debido a que existe una conexión directa entre el otorgamiento de las visas temporales y el trabajo a realizar para mantener esas visas.

Y aunque todos esos problemas se solucionasen, aún así no existirían garantías de que el Departamento de Estado de Estados Unidos aceleraría el chequeo de antecedentes penales de los trabajadores mexicanos para permitir que esos trabajadores lleguen en números suficientes y en el momento adecuado a los campos de Colorado, como tampoco existen garantías de que el gobierno federal otorgue excepciones a esos procedimientos.

"Las posibilidades de que el gobierno federal conceda esas excepciones a Colorado son prácticamente nulas", declaró el Representante Paul Weissmann, demócrata de Louisville y presidente del Comité de Asuntos Estatales.

Por su parte, Tapia, en un comunicado, subrayó que la agricultura es una de las principales industrias de Colorado, al emplear a 100.000 personas, crear ingresos anuales de 16 mil millones de dólares y generar exportaciones por mil millones de dólares.

Sin embargo, tras la implementación del paquete de leyes inmigratorias en Colorado entre agosto del 2006 y enero del 2007, Colorado perdió por lo menos un 10 por ciento de su mano de obra agrícola, por lo que, según Tapia, es necesario crear un programa que facilite la contratación de un número similar de trabajadores.

Tapia recalcó que su proyecto "ni es amnistía ni un camino a la ciudadanía ni una puerta abierta a los indocumentados", sino "un esfuerzo para evitar más daños a la agricultura de Colorado y para seguir proveyendo a los consumidores de Colorado y al mundo productos de calidad y a un precio razonable".

El Comité de Asuntos Estatales aún no ha fijado una nueva fecha para volver a debatir el tema. EFE fm/ma

Terra/EFE