Suprema de EE.UU.
Los estados de la Unión no están obligados a aplicar las decisiones de la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ), aunque el presidente se los ordene, declaró el martes la Corte Suprema de Estados Unidos, a la que apeló un mexicano condenado a muerte.
En marzo de 2004 la CIJ ordenó que se revisaran los procesos de 51 mexicanos condenados a muerte en Estados Unidos, con el argumento de que no habían sido informados en tiempo y forma de su derecho a tener asistencia consular, una decisión criticada por el gobierno de Bush.
Entre ellos se encontraba José Medellín, de 33 años, condenado a muerte por la violación y asesinato de dos adolescentes en Texas (sur) en 1993, quien pidió a la justicia texana que reconociera el vicio de forma que justificaba un nuevo proceso.
El presidente George W. Bush, basado en sus prerrogativas en materia de aplicación de tratados, se puso del lado de los 51 condenados y ordenó a los jueces de los estados involucrados que determinaran caso por caso si correspondía un nuevo proceso.
Pero a pesar de que algunos estados aceptaron la orden, los jueces texanos se negaron a analizar el recurso, estimando que la decisión de la CIJ no era vinculante para ellos, y que la separación de poderes les impedía recibir órdenes del presidente.
El caso llegó a la Corte Suprema, que por 6 votos contra 3 le dio la razón a los jueces texanos.
"Ni (la decisión de la CIJ) ni la disposición presidencial constituyen una ley federal directamente aplicable por encima de las limitaciones impuestas por los estados sobre la posibilidad de presentar varios recursos sucesivos", dice el fallo de la Corte redactado por su presidente, John Roberts.
Terra/AFP
