PERÚ-PRENSA
Lima, 6 abr (EFE)- El diario El Comercio de Lima denunció hoy que el teléfono de casa de su editor central de Política, Juan Paredes Castro, venía siendo interceptado, ante lo cual el Gobierno peruano anunció una investigación exhaustiva.
Uno de los periódicos más importantes del país informó en su edición dominical que la interceptación telefónica se detectó en un habitual barrido electrónico al cual someten las líneas de comunicación de sus empleados, como una medida de prevención.
El descubrimiento de la interceptación trajo de inmediato a la memoria las decenas de casos descubiertos durante el Gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000), en el que fueron espiados periodistas, políticos y empresarios.
Sin embargo, el último caso que había sido denunciado fue el de la periodista Rosa María Palacios, del canal América Televisión, en 2003, durante la administración de Alejandro Toledo (2001-2006).
En el caso de Paredes Castro, el sofisticado equipo estaba instalado en un poste ubicado a 400 metros de su casa.
"Si bien se ha podido confirmar la interceptación telefónica, no se ha podido determinar cómo operaba el aparato transmisor-receptor y a cargo de quiénes estaba el sistema de escucha", indicó el diario.
El Comercio agregó que el aparato procedería de Colombia y "sería uno de los tipos que utilizarían agentes de Seguridad del Estado y empresas particulares que actúan clandestinamente".
Ante esa denuncia, la Presidencia del Consejo de Ministros emitió un comunicado en el cual expresó que "el Poder Ejecutivo, en su integridad, es absolutamente respetuoso de los preceptos constitucionales que resguardan el secreto y la inviolabilidad de las comunicaciones; así como de las libertades de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento".
Asimismo, agregó que la opinión pública "puede tener la absoluta seguridad que toda práctica ilegal de interceptación telefónica es completamente ajena al comportamiento democrático del Gobierno".
Finalmente, y ante la gravedad de los hechos, el Gobierno informó que "se ha dispuesto una exhaustiva investigación que determine las responsabilidades penales que correspondan".
Además, el Gobierno de Alan García (2006-2011) expresó su solidaridad con el diario y su plantel editorial. EFE mmr/ap
Terra/EFE