América Latina
Por Luis Jaime Acosta
BOGOTA (Reuters) - Un grupo de víctimas de los desmovilizados escuadrones paramilitares de Colombia interpuso el martes un recurso judicial para evitar la extradición a Estados Unidos de un ex comandante de esos grupos armados ilegales, lo que impediría la confesión de todos sus crímenes.
El recurso judicial se interpuso tres días después de que el Gobierno del presidente Alvaro Uribe autorizó la extradición a Estados Unidos de Carlos Mario Jiménez, alias "Macaco," excluido de un proceso de paz bajo acusaciones de que continuaba dirigiendo actividades de narcotráfico desde la cárcel.
"Hemos iniciado una acción porque consideramos que con la extradición de Carlos Mario Jiménez, a está persona se le está sustrayendo de la justicia," dijo el abogado Alirio Uribe.
El abogado aseguró que al menos 12.000 crímenes son imputables al ex jefe paramilitar y que sólo ha confesado una mínima parte ante la justicia, por lo que su extradición sólo contribuiría a dejar en la impunidad asesinatos, masacres, desapariciones y secuestros.
El ex jefe paramilitar dirigió un ejército irregular de unos 5.000 hombres responsables de masacres y narcotráfico, entre otros crímenes.
Jiménez se convertirá en el primer jefe paramilitar en ser extraditado a Estados Unidos para responder por cargos de narcotráfico y lavado de activos.
En agosto del 2007, Colombia ofreció extraditar a Estados Unidos a Jiménez, confinado en una cárcel de alta seguridad, después de que lo excluyó de un acuerdo de paz.
DELITOS DE LESA HUMANIDAD DEBEN PREVALECER
El abogado dijo que aunque el narcotráfico es grave, se le debe dar prelación a los delitos de lesa humanidad, mientras aclaró que no buscan salvar al ex comandante paramilitar a quien la justicia colombiana podría sentenciar a hasta 60 años de cárcel al excluirlo de la negociación de paz.
El Gobierno de Uribe y los escuadrones paramilitares iniciaron en el 2003 una cuestionada negociación de paz que permitió que más de 31.000 combatientes de esos grupos armados ilegales entregaran las armas, mientras la mayoría de sus antiguos comandantes permanecen encarcelados.
Los ex jefes paramilitares acusados de delitos como asesinatos, masacres, secuestros, torturas y narcotráfico, deberán cumplir condenas de entre 5 y 8 años de cárcel.
En la negociación, el Gobierno asumió el compromiso de no extraditar los ex jefes paramilitares a Estados Unidos con la condición de que cumplan compromisos que incluyen no volver a cometer delitos, confesar sus crímenes, pagar una condena y reparar a sus víctimas.
Mientras, los antiguos jefes paramilitares encarcelados también pidieron al Gobierno suspender la extradición de "Macaco" y aseguraron que nunca se involucró en delitos estando en prisión.
El presidente de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, Carlos Pizarro, dijo que las víctimas de los paramilitares tienen derecho a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición.
"La amenaza de extradición para Carlos Mario Jiménez es positiva en la medida en que es un mensaje fuerte de que ningún jefe paramilitar puede seguir delinquiendo. Lo negativo es que las víctimas pueden perder el conocimiento de la verdad," dijo.
Los paramilitares surgieron en la década de 1980 financiados por ganaderos, comerciantes, terratenientes y narcotraficantes para defenderse de la guerrilla izquierdista.
(Reporte de Luis Jaime Acosta; Editado por Lucila Sigal)
Terra/Reuters