COSTA RICA-CORRUPCIÓN
San José, 18 abr (ACAN-EFE)- La Iglesia Católica de Costa Rica confirmó hoy que ha realizado operaciones de intermediación financiera a pesar de que la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) había indicado a la Conferencia Episcopal desde el 2004 que esa práctica era ilegal.
De acuerdo con una investigación del diario local "La Nación", en las cuentas bancarias de la Conferencia Episcopal costarricense se han captado recursos de organismos de la iglesia y de laicos nacionales y extranjeros, y además, se ha girado dinero para préstamos a particulares, al menos, desde el 2002.
El obispo Ángel San Casimiro, explicó hoy a la radio local "Monumental" que en efecto la iglesia cuenta con un fondo, administrado por un grupo financiero, que les sirve para hacer frente a las obligaciones pastorales y obras de bien social.
El prelado detalló que se trata de "los dineros privados de tantas parroquias y religiosos, de personas muy concretas que confiaron en la administración de la iglesia".
San Casimiro reconoció que en cierto momento también se captaron recursos de laicos, pues "la ley no estaba clara" pero que desde que la Sugef indicó que la iglesia no podía realizar esta práctica empezaron a aplicar las medidas correspondientes, como devolver el dinero a los inversionistas.
"No estábamos muy de acuerdo con criterio de la Sugef, pero lo aceptamos y comenzamos a quitar de la cartera a laicos que tenían sus inversiones con nosotros", dijo.
"La iglesia como ente privado tiene derecho a utilizar sus fondos como crea conveniente, pero tengo que reconocer que en el fondo los obispos no pudimos velar lo suficiente para que las orientaciones de la Sugef se llevaran a cabo y por eso vinieron estos préstamos sin que los obispos tuviéramos cuenta de ello", manifestó el religioso.
El caso más sonado es el de un préstamo por tres millones de dólares, de fondos de la Conferencia Episcopal, que se le otorgó a través de una sociedad anónima de la iglesia, a la empresaria suiza Ana Moscarelli.
Moscarelli demandó a José Francisco Ulloa, presidente de la Conferencia Episcopal, pues como garantía del crédito firmó un fideicomiso sobre acciones de tres hoteles de playa valoradas en 30 millones, el cual fue ejecutado en febrero pasado.
Según San Casimiro, casos como el de la empresaria ocurrieron por un exceso de confianza en Jorge Torres Fuentes, el ex-administrador de Servicios Pastorales, quien falleció en junio del año pasado.
Por su parte, "La Nación" publicó hoy que la Conferencia Episcopal mantiene operaciones de intermediación financiera en la actualidad, a pesar de que la ley costarricense se lo prohíbe.
Como ejemplos, el diario cita los recursos aportados por la Asociación de Frailes Franciscanos de Guatemala y las la congregación de las Hermana Betlemitas en Costa Rica.
"Nuestro pecado es que no vigilamos lo suficiente el cabal cumplimiento de órdenes de la Sugef. Confiamos demasiado en las personas y el que confía demasiado también tiene responsabilidad", manifestó el obispo. ACAN-EFE nda/rsm
Terra/EFE