Fiscalía Colombia ordena captura primo de Uribe por nexos paras

22/4/2008 - 15:36(GMT)

BOGOTA (Reuters) - La Fiscalía General de Colombia ordenó el martes la captura del ex senador Mario Uribe, primo del presidente Alvaro Uribe, investigado por sus presuntos nexos con los antiguos escuadrones paramilitares de ultraderecha, informó el organismo investigador.

Mario Uribe, quien fue senador del Partido Colombia Democrática y presidente del Congreso, renunció a su investidura de legislador luego que la Corte Suprema de Justicia lo vinculó en septiembre del 2007 al proceso de la denominada "parapolítica" y el caso fue asumido por la Fiscalía.

"La Fiscalía General de la Nación dictó medida de aseguramiento de detención preventiva, sin sustitución, ni excarcelación, en contra del ex senador Mario Uribe por el delito de concierto para delinquir por acuerdos para promover grupos armados al margen de la ley," dijo un comunicado.

"Uribe es investigado por una reunión que sostuvo con el ex cabecilla paramilitar, Salvatore Mancuso, antes de las elecciones del 10 de marzo de 2002 y con Jairo Castillo Peralta, alias 'Pitirri', en noviembre de 1998," precisó la Fiscalía.

Con la orden de la Fiscalía, ascendió a por lo menos 32 el número de congresistas y ex legisladores privados de libertad, mientras que más de 30 adicionales son investigados por acusaciones de haber hecho acuerdos con paramilitares de ultraderecha o de recibir apoyo financiero o logístico para ser elegidos con votos de regiones controladas por esos grupos armados ilegales.

La mayoría de legisladores investigados y en la cárcel son aliados del presidente Uribe quien, pese al escándalo y a la crisis, mantiene una popularidad de más del 80 por ciento. El mandatario ha descartado la posibilidad de revocar al Congreso y convocar a nuevas elecciones como lo piden sus opositores.

Los paramilitares aparecieron en la década de 1980 como ejércitos privados financiados por ganaderos, terratenientes, comerciantes y narcotraficantes perseguidos por la guerrilla.

Estos escuadrones, acusados de obtener millonarios ingresos del narcotráfico y de cometer las peores violaciones a los derechos humanos, se desmovilizaron en medio de un acuerdo de paz con el Gobierno en el que más de 31.000 combatientes entregaron las armas.

(Reporte de Luis Jaime Acosta; Editado por Silene Ramírez)

Terra/Reuters