Tribunal colombiano condiciona extradición a EEUU de paramilitar

BOGOTA (Reuters) - Un tribunal postergó el martes la extradición a Estados Unidos de un ex jefe de los escuadrones paramilitares de ultraderecha hasta que sea juzgado en Colombia, confiese sus crímenes y repare a sus víctimas.

La decisión del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca frustra la intención del presidente de Colombia, Alvaro Uribe, de extraditar a Carlos Mario Jiménez, alias "Macaco" para que responda por cargos de narcotráfico en cortes de Estados Unidos.

"Se está ratificando la facultad del presidente de la República para extraditar a Carlos Mario Jiménez, pero igualmente se le está ordenando al presidente que de conformidad con las disposiciones penales (...) difiera la extradición," dijo a periodistas la magistrada Martha Inés Montaña.

La funcionaria judicial explicó que la extradición se debe diferir "hasta el momento en que (Jiménez) cumpla con la reparación integral de las víctimas, con los derechos a la verdad, justicia y reparación y pueda ser investigado y juzgado en Colombia por los delitos de lesa humanidad."

El Gobierno había planteado una disputa con el poder judicial por el caso y anunció que interpondría todos los recursos legales para extraditar a Jiménez.

Las víctimas de los escuadrones de ultraderecha interpusieron un recurso judicial para impedir la extradición del antiguo líder paramilitar y facilitar que confiese sus crímenes e indemnice a sus víctimas, argumentos que respaldó el tribunal con su fallo.

DERECHOS DE LAS VICTIMAS

Montaña aseguró que con la medida se busca garantizar el derecho de las víctimas a conocer la verdad y a obtener una reparación por los daños que sufrieron por la conducta delictiva de los paramilitares.

El ex jefe paramilitar dirigió un escuadrón de unos 5.000 hombres responsables de masacres y narcotráfico, entre otros crímenes, en varias regiones de este país de más de 42 millones de habitantes.

El Gobierno colombiano ofreció en agosto del año pasado extraditar a Estados Unidos a Jiménez después de que lo excluyó de un acuerdo de paz bajo acusaciones de que continuaba cometiendo actividades criminales desde la prisión.

El Gobierno de Uribe y los paramilitares iniciaron a mediados del 2003 una cuestionada negociación de paz que permitió que más de 31.000 combatientes de esos grupos armados ilegales entregaran las armas, mientras la mayoría de sus antiguos comandantes permanecen encarcelados.

Los ex jefes paramilitares acusados de delitos como asesinatos, masacres, secuestros, torturas, desapariciones y narcotráfico, deberán cumplir condenas de entre 5 y 8 años de cárcel.

En la negociación, el Gobierno se comprometió a no extraditar a los ex jefes paramilitares a Estados Unidos con la condición de que cumplan acuerdos que incluyen no volver a cometer delitos, confesar sus crímenes, pagar una condena y reparar a sus víctimas.

Los paramilitares surgieron en los años de 1980 financiados por ganaderos, comerciantes, terratenientes y narcotraficantes para defenderse de los ataques de la guerrilla izquierdista.

(Reporte de Luis Jaime Acosta; Editado por Juana Casas)

Terra/Reuters