América Latina
Por Nelson Bocanegra
BOGOTA (Reuters) - El presidente de Colombia, Alvaro Uribe, descartó el miércoles que vaya a tomar medidas radicales como salida a la crisis política desatada por denuncias de nexos de legisladores con paramilitares, mientras la oposición refuerza su pedido de disolución del Congreso.
El anuncio del mandatario se produjo un día después de que la Fiscalía capturó a su primo, el ex senador Mario Uribe, acusado de presuntos vínculos con los grupos ilegales, y en medio de la solicitud de partidos opositores de que revoque el Congreso y anticipe elecciones para superar la crisis.
"Lo que me parece fundamental es no poner al país a dar saltos a la incertidumbre," dijo Uribe a radio Caracol, al responder sobre las propuestas.
El Gobierno se encuentra estudiando opciones que lleven a una salida institucional de la crisis política, pero que no afecten la confianza, afirmó el mandatario quien rechazó la idea de realizar reformas constitucionales para ello.
Uribe lamentó la detención de su primo, quien fue presidente del Senado, y pidió que se adelanten las investigaciones para determinar la culpabilidad del ex congresista por supuestos vínculos con paramilitares, caso que forma parte de un proceso judicial denominado "parapolítica."
"Yo tengo que sentir dolor personal, lo grave fuera que no lo sintiera, pero lo asimilo con patriotismo y sin mengua del cumplimiento de mis responsabilidades," sostuvo el mandatario.
Por lo menos 32 congresistas y ex legisladores han sido capturados y otros 30 son investigados por haber tenido vínculos con los escuadrones de paramilitares de ultraderecha que surgieron en la década de 1980 para combatir a las guerrillas izquierdistas, en medio de un conflicto interno armado de 40 años, que ha dejado miles de muertos.
La mayoría de congresistas arrestados son de la coalición que apoya a Uribe y que fue clave para su reelección en 2006.
"Piensen en el tema de qué es lo que tiene que hacer este país para no desbaratar lo que se ha construido en confianza," reiteró el presidente. "Esta inestabilidad constitucional que se quiere estimular ahora crea muchas barreras para que el país acelere su desarrollo," explicó.
URIBE REVELA ACUSACION EN SU CONTRA
En medio de la crisis, Uribe reveló que tiene información de que un antiguo paramilitar recluido en una cárcel lo acusó ante la justicia de participar en la organización de la masacre del Aro, cometida por los escuadrones de ultraderecha en 1997, en el departamento de Antioquia, cuando era gobernador.
Aunque ningún tribunal inició una investigación en su contra, el mandatario anunció que ordenó a sus abogados reunir todas las pruebas para demostrar que jamás se reunió con antiguos jefes paramilitares para planear esa masacre en la que murieron 15 campesinos.
"Desde el año 88 la fuerza publica sabe a dónde he ido yo, a dónde he dormido y con quién me he reunido," dijo al afirmar que jamás ha estado en el sitio en donde según el testigo se realizó la reunión con los paramilitares.
"A mí me cogen en equivocaciones, pero a mí no me cogen en delitos," sostuvo Uribe al defenderse.
El escándalo que enfrentan los aliados del Gobierno en el Congreso, considerado una de las instituciones más corruptas e impopulares del país, hasta ahora afectó la gobernabilidad de Uribe, ni su popularidad, que alcanzó un 82 por ciento en marzo, su mayor nivel desde que llegó a la presidencia en el 2002.
Pero las acusaciones han encontrado eco en el Congreso de Estados Unidos, en el que la mayoría demócrata está en contra de aprobar un Tratado de Libre Comercio con Colombia.
En busca de recuperar la imagen del Congreso, la semana pasada los partidos políticos que apoyaron a Uribe acordaron perder las curules de sus legisladores que resulten condenados por vínculos con paramilitares.
Por otra parte, Uribe rechazó que un tribunal colombiano postergara la extradición a Estados Unidos del ex jefe paramilitar Carlos Mario Jiménez, alias "Macaco," hasta que sea juzgado en el país.
Jiménez se entregó en un controvertido proceso de negociación con los grupos paramilitares que permitió la desmovilización de más de 31.000 combatientes.
"Creo que este ha sido el Gobierno del remedio para que no nos dejemos desorientar ahora por los problemas políticos que están sucediendo," precisó Uribe.
"Ahora habrá que estudiar qué se hace para las irritaciones políticas que produce el medicamento," concluyó.
(Escrito por Nelson Bocanegra; Reporte adicional de Luis Jaime Acosta Editado por Silene Ramírez)
Terra/Reuters