América Latina
El gobierno dijo el martes que aceptará hablar con un grupo insurgente que se ha atribuido responsabilidad en explosiones de oleoductos ocurridas el año pasado, siempre y cuando éste se abstenga de efectuar nuevos ataques.
La Secretaría de Gobernación dijo en un comunicado que está lista para dialogar con el Ejército Popular Revolucionario (EPR), un día después de que los insurgentes propusieran una tregua.
Pero el gobierno no aceptó una de las principales exigencias del grupo: que la policía interrumpa todas las investigaciones o persecución de los insurgentes y de quienes los apoyan.
"El establecimiento del diálogo no representa que el Estado abandone su responsabilidad constitucional de cumplir y hacer cumplir la ley", señala el comunicado del gobierno". "Por ello, no cesarán las investigaciones".
El gobierno también llamó a los insurgentes a "comprometerse públicamente a detener definitivamente cualquier acción radical de sabotaje o violencia".
En el 2007, el EPR se atribuyó responsabilidad de las explosiones en más de media docena de ductos de petróleo y gas natural para exigir la liberación de dos de sus miembros, presuntamente detenidos por el gobierno.
Las autoridades han negado tener a esos dos hombres, y han señalado que están investigando su desaparición en el sureño estado de Oaxaca a principios del 2007.
En una carta abierta dirigida el lunes a un comité de mediación formado por intelectuales, el EPR afirmó en que no realizaría ninguna "acción armada" si el gobierno detiene la persecución e investigación de sus miembros. La misiva fue colocada en un sitio de internet que ha publicado antes declaraciones de los insurgentes.
"Yo aplaudo las actitudes de las dos partes", dijo el escritor Carlos Montemayor, uno de los intelectuales del comité de mediación, y agregó que el comité se enfocará exclusivamente en el asunto de las desapariciones, un punto doloroso para la izquierda de México.
Un informe del 2001 calcula que han desaparecido 275 personas, principalmente durante las campañas de contrainsurgencia del gobierno en las décadas de 1970 y 1980, aunque grupos defensores de los derechos humanos señalan que la cifra podría ser de 1.200 o más.
"Si somos capaces de concentrarnos en eso, estaremos dando un paso en sensibilización, en cultura política", dijo Montemayor a la estación W Radio.
Sin embargo, el gobierno dijo que quiere que los mediadores actúen sólo como testigos de las conversaciones, y que ellos tendrían que enfocarse no sólo en los hombres desaparecidos, "sino también a aquellos temas que le interesan al Estado mexicano, como es la solución pacífica de conflictos mediante la vida institucional".
Terra/AP