Ordenan la detención de un paramilitar por matanza de personas protegidas

30/4/2008 - 21:23(GMT)

Bogotá, 30 abr (EFE)- Un fiscal colombiano ordenó hoy detener, sin beneficio de excarcelación, a un paramilitar vinculado a la investigación por la matanza de personas de una comunidad protegida, informaron fuentes oficiales.

La medida afecta a Esaut José Feria Martínez, alias "Alejandro", integrante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC, extrema derecha armada) y considerado como"presunto responsable de los delitos de homicidio en persona protegida, concierto para delinquir y terrorismo", añadieron las fuentes.

Según la providencia de un fiscal de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario (DIH), Feria Martínez "era el responsable de tomar las muestras de malaria y de coordinar lo relacionado con la alimentación de los aproximadamente 100 patrulleros del grupo armado al margen de la ley" que cometió la matanza de San José de Apartadó (noroeste).

El 21 de febrero de 2005 fueron asesinados Alfonso Bolívar Tuberquia y los niños Natalia y Santiago Bolívar Muñoz, Alejandro Pérez Castaño y Sandra Milena Muñoz Posso en la zona rural La Resbalosa, del municipio de Tierralta (departamento de Córdoba), y cuyos cuerpos fueron hallados en dos fosas.

Ese mismo día, en la vereda Mulatos Alto, de la localidad de San José de Apartadó (departamento de Antioquia), fueron cometidos los homicidios de Luis Eduardo Guerra, Deyanira Areiza Guzmán y el menor Deyner Andrés Guerra Tuberquia.

Esos crímenes, según las fuentes, "fueron cometidos por miembros de las autodefensas que supuestamente actuaban en calidad de guías de las tropas regulares de la XVII Brigada", que cumplía entonces una operación contra las guerrillas.

Al mismo proceso se encuentran vinculados siete militares y otros tres miembros de grupos paramilitares de las AUC.

Desde 2002 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió al Estado colombiano adoptar medidas para proteger, individualmente y en conjunto, a los miembros de la comunidad de paz de San José de Apartadó.

La Corte Constitucional colombiana también exigió al Estado la protección de los habitantes de esa pequeña localidad, que se declaró comunidad de paz desde el 23 de diciembre de 1997 ante "la gravedad de la actual crisis humanitaria y de desplazamiento forzado", causado por el conflicto armado interno. EFE rrm/ap

Terra/EFE