Roce Gobierno-Iglesia dificulta diálogo político en Bolivia

LA PAZ (Reuters) - Un roce entre el Gobierno de Evo Morales y la cúpula de la Iglesia Católica de Bolivia parecía alejar el martes la posibilidad de un pronto diálogo, que es necesario para acercar posiciones políticas disímiles en torno a proyectos de nueva Constitución y de estatutos de autonomía.

Dos días después de un polémico referendo que aprobó un estatuto de autonomía del rico departamento oriental de Santa Cruz, la Conferencia Episcopal Boliviana rechazó una dura crítica del Gobierno a la participación del cardenal Julio Terrazas, como votante, en esa consulta cruceña.

Terrazas "es ciudadano boliviano y cruceño y como tal tiene el legítimo derecho de ejercitar su voto (...), responsabilidad ciudadana que no es incompatible con su función de presidente de la Conferencia y líder de la Iglesia Católica," dijo la jerarquía de los obispos católicos en un comunicado.

Esa declaración fue en respuesta a comentarios el lunes del ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, quien condenó públicamente el voto de la alta jerarquía católica calificándolo como "apoyo explícito a la ilegalidad."

"Por lo tanto, despejó toda posibilidad de convertirse en facilitador o mediador" del diálogo, afirmó Quintana.

El Gobierno no reconoció el referendo y llamó a abstenerse a votar en lo que calificó una consulta ilegal y divisionista.

La vigencia del estatuto cruceño, al que seguirían cartas similares en otros tres distritos, es el arma de sectores conservadores opositores con la que intentan bloquear una "revolución agraria" sin latifundios y otros cambios de línea socialista, que son la punta de lanza de un cambio de Constitución impulsado por Morales.

La votación del cardenal fue divulgada el domingo en la mañana por los medios cruceños e interpretada por el oficialismo como una invitación a participar en un referendo al cual el Gobierno respondió con llamamientos a la abstención.

El comunicado episcopal agregó que la Iglesia "seguirá sirviendo a la población, velando por la unidad y bien común de todos los bolivianos," pero no mencionó los esfuerzos de mediación que estaban paralizados desde antes del referendo.

La alianza derechista Podemos, mayor fuerza de oposición en el Congreso, lamentó la ruptura entre el Gobierno y la Iglesia y culpó a Morales por un eventual agravamiento de la crisis.

POSICIONES INVARIABLES

Entretanto, el Gobierno y opositores regionales siguieron proclamando cada uno su "victoria" en la jornada electoral del domingo, que según resultados extraoficiales dejó un estatuto cruceño aprobado por amplia mayoría de votantes aunque con una abstención cercana al 40 por ciento.

El prefecto de Santa Cruz, Rubén Costas, dijo el lunes que los cuatro departamentos autonomistas irían al diálogo sólo después de aprobar sus estatutos, después del 22 de junio.

Esto marcó un cambio después de que el mismo Costas dijera hasta la semana pasada que dialogaría con el mandatario indígena inmediatamente después del referendo cruceño.

El ministro Quintana comentó el lunes que Morales esperaría "unos días" la respuesta de los prefectos a su invitación a dialogar sobre la nueva Constitución y las autonomías, antes de "tomar las determinaciones más convenientes."

Pese a una advertencia oficial de que el estatuto regional es inaplicable porque la autonomía no está en la Constitución, Costas ofreció la vigencia inmediata de la norma.

Costas anunció el lunes una negociación tripartita, con compañías y sindicatos, para fijar un salario mínimo cruceño de 1.000 bolivianos mensuales (135 dólares al cambio oficial del día), curiosamente muy superior al fijado a principios de año por el Gobierno y rechazado por los empresarios.

La Central Obrera Boliviana (COB), que parece cada vez más cercana al Gobierno, rechazó el martes el estatuto cruceño y anunció nuevas protestas -como multitudinarios cabildos el domingo en Cochabamba y El Alto- para exigir que el Congreso convoque a referendos para aprobar la nueva carta magna.

Esos referendos constitucionales están paralizados desde marzo por una orden de la Corte Nacional Electoral que afectaba también al referendo de Santa Cruz y que las autoridades de ese departamento se negaron a acatar.

"Estamos en estado de emergencia y en cualquier momento va a haber grandes movilizaciones de todos los sectores por la nueva Constitución, porque los verdaderos bolivianos tenemos que defender la unida de esta patria," dijo a reporteros el líder de la COB, Pedro Montes.

(Por Carlos Alberto Quiroga, editado por Silene Ramírez)

Terra/Reuters