Ex ministro brasileño acusado de corrupción

13/5/2008 - 22:21(GMT)

Un ex ministro y dos gobernadores brasileños fueron acusados ante la justicia de formar parte de un esquema de corrupción mediante el desvío de recursos destinado a obras públicas en cuatro estados norteños, informó el martes la justicia.

Entre los acusados figura el ex ministro de Minas y Energía del actual gobierno, Silas Rondeau, quien renunció hace un año tras denuncias de que recibió 100.000 reales (58,8 millones de dólares al cambio actual) en una licitación para un contrato energético.

Según la acusación presentada por el Ministerio Público Federal al Superior Tribunal de Justicia, Rondeau fue acusado de conspiración para delinquir, desvío de recursos, gestión fraudulenta y corrupción activa y pasiva.

También aparecen acusados los gobernadores de los estados norteños de Alagoas, Teotonio Vilea, y Maranhao, Jackson Lago, así como el ex gobernador de Sergipe, Joao Alves Filho, señalados por peculado y corrupción pasiva.

Un comunicado de la Procuraduría General de la República indicó que ellos forman parte de un grupo de 60 personas acusadas de integrar un esquema de corrupción orquestado por el director de la empresa Gautama, Zuleido Veras, bajo investigación desde el 2006.

Indicó que el desvío de dinero se dio en los estados norteños de Alagoas, Maranhao, Piauí y Sergipe, con la participación de empleados de Gautama, funcionarios públicos y agentes políticos.

La denuncia presentada por dos procuradoras indica que en una primera fase, la empresa detectaba la existencia de recursos en ministerios del gobierno federal destinados a obras públicas en los estados y municipios brasileños, y con esa información establecían contactos con agentes políticos y funcionarios públicos.

En una segunda fase, el grupo intervenía en el proceso de licitación para asegurar que Gautama se adjudicara la obra, para luego iniciar su construcción. En esta etapa se presentaban informes fraudulentos que eran aprobados mediante el pago de sobornos a los funcionarios encargados de evaluar la marcha del proyecto.

En una última fase, el grupo repartía el dinero obtenido entre todos los participantes del esquema.

Las procuradoras a cargo del caso pidieron al Superior Tribunal de Justicia levantar el sigilo investigativo de los involucrados así como información recogida por las procuradurías de los estados involucrados.

Terra/AP