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España e Italia se vieron envueltas el viernes en una polémica por las políticas migratorias impulsadas por el jefe del gobierno italiano, Silvio Berlusconi, a partir de declaraciones del gobierno español que causaron malestar y requirieron aclaraciones entre ambas partes.
El canciller español Miguel Angel Moratinos se reunió con su homólogo italiano, Franco Frattini, al margen de la V Cumbre Unión Europea-América Latina para tratar la cuestión, calificada de "malentendido", explicó el presidente de gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, en conferencia de prensa.
"No hay ningún problema ni ningún incidente", dijo Zapatero, en referencia a la polémica surgida por declaraciones el viernes de su vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, sobre cuestiones migratorias que fueron vinculadas de inmediato a la situación en Italia.
De la Vega afirmó en Madrid no compartir "la política de expulsiones sin respeto de la ley ni los derechos de los inmigrantes, ni las actuaciones que pueden exaltar la violencia, el racismo y la xenofobia".
Sus palabras causaron revuelo en la prensa italiana, ya que tuvieron lugar tras una redada anunciada por la policía italiana contra ilegales que concluyó con 268 extranjeros detenidos, 118 de los cuales serán expulsados, y en medio del debate por la mano dura en materia migratoria propuesta por Berlusconi.
Ante esta situación, el secretario de Estado español para Asuntos Europeos, Diego López Garrido, decidió comunicarse de inmediato vía telefónica con el embajador italiano en Madrid para aclararle la posición del gobierno español y desactivar la polémica.
El propio López Garrido, presente en Lima, contó que en su conversación explicó que De la Vega no hablaba de la política migratoria que impulsa Berlusconi, sino que se refería a los actos de violencia del miércoles en los cuales fueron incendiados dos campamentos de gitanos cerca de Nápoles (sur de Italia).
"La vicepresidenta se estaba refiriendo a los ataques racistas y xenófobos que no podemos aceptar. Nosotros no entramos a valorar las medidas italianas que no se sabe exactamente en qué van a terminar", señaló López Garrido, poniendo el acento en la necesidad de "orden y respeto de la legalidad" para las políticas migratorias.
De su lado, el canciller Frattini, máximo responsable italiano en la cumbre ante la ausencia de Berlusconi, aseguró que "las aclaraciones claras y precisas de Zapatero y Moratinos van en el sentido de que el gobierno español no juzga, no critica, la política del gobierno italiano".
El gobierno conservador de Berlusconi, que se impuso en las elecciones legislativas de abril pasado y acaba de recibir el voto de confianza del Parlamento, prepara un paquete de medidas duras contra la inmigración ilegal.
Entre esas iniciativas figuran la introducción del delito de inmigración ilegal, con arresto, y la extensión del período de reclusión hasta los 18 meses en los centros de permanencia temporal a la espera de expulsión.
El objetivo prioritario del gobierno conservador es la lucha contra la inmigración clandestina. Además estudia la posibilidad de introducir el patrullaje preventivo en el mar para evitar desembarcos y el endurecimiento de las normas para el pedido de asilo.
Terra/AFP