Ecuador-Colombia-conflicto-FARC
La Fiscalía ecuatoriana desconocerá la validez jurídica de los archivos computarizados de las FARC examinados por la Interpol y que, según Bogotá, involucran al gobierno del presidente Rafael Correa con esa guerrilla, dijo el viernes el jefe de la entidad Washington Pesántez.
"Desde el punto de vista estrictamente jurídico, no tienen ninguna trascendencia, relevancia, importancia en nuestro (sistema de) derecho, y en todos los sistemas jurídicos donde rige o está vigente el estado de derecho", afirmó Pesántez en una conferencia de prensa.
Según el fiscal, los datos descubiertos supuestamente en los ordenadores del abatido jefe rebelde Raúl Reyes carecen de valor de prueba dado que no fueron custodiados debidamente.
"Cuando se encuentra una evidencia en el teatro de los hechos, en la escena del crimen, se debe seguir una cadena de custodia, es decir, recoger esa evidencia, empaquetarla debidamente, y entregar a la autoridad correspondiente", explicó.
Tanto el fiscal como el gobierno ecuatoriano alegan que Colombia incumplió dichos procedimientos más allá de lo dictaminado por la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol).
Colombia sostiene que los ordenadores fueron recuperados después del bombardeo que realizó el 1 de marzo a un campamento de las FARC en territorio ecuatoriano, en el que murieron Reyes y otra veintena de personas.
El jueves, Interpol aseguró en Bogotá que los archivos presentados por Colombia provienen "de un campamento terrorista de las FARC", y descartó que hubieran podido ser modificados.
No obstante, el jefe del organismo, Ronald Noble, aclaró que ello "no implica la validación de la exactitud de los archivos de usuarios que contienen, ni de la interpretación que cualquier país pueda hacer de dichos archivos".
Semanas antes de que se revelaran los resultados del peritaje, Bogotá había filtrado unos correos electrónicos en los que se asegura que las FARC aportaron recursos a la campaña de Correa, así como dan cuenta de nexos del ministro de Seguridad, Gustavo Larrea, con esa organización.
Terra/AFP