ACLU pide se restablezcan derechos de inmigrantes detenidos en redada en Iowa

21/5/2008 - 22:23(GMT)

Washington, 21 may (EFE)- La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) condenó hoy la denegación de los derechos básicos a los más de 300 inmigrantes que fueron detenidos en una redada en Postville (Iowa), cuando trabajaban en una empresa cárnica.

En un comunicado la ACLU también pidió a la Fiscalía y al departamento del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) que eliminen los plazos que se han fijado de manera arbitraria para declarar culpables a los inmigrantes.

"Las tácticas persecutorias, el incremento del número de casos que tienen los abogados y las barreras del lenguaje, que hacen más difícil la defensa de los inmigrantes, muestran que parece que el gobierno está más interesado en deportar a la gente que en hacer justicia", lamentó Ben Stone, director ejecutivo de ACLU en Iowa.

Según denunció la organización "los inmigrantes -algunos de los cuales ni siquiera hablan inglés- son representados en grupos de más de 20 por un único abogado defensor, que les asesora por igual en temas distintos".

Algunos abogados, agregan "no son expertos en temas de inmigración y tienen que trabajar bajo la presión del plazo de siete días que da la Fiscalía, tras los cuales el abogado tiene que decidir con su cliente si se declara culpable y va a prisión -donde pierde todos sus derechos como inmigrante- o afronta cargos criminales por robo de identidad, lo que supone a dos o más años de cárcel".

La organización lamenta que los inmigrantes se están viendo acorralados y no pueden defender sus derechos en los tribunales adecuadamente, ya que "un caso como este no se puede resolver de forma improvisada".

El pasado 12 de mayo 306 inmigrantes fueron detenidos mientras trabajaban en una fábrica de carne en la localidad de Postville, al noreste de Des Moines, en la mayor redada hecha en un puesto laboral en la historia de Estados Unidos.

El Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés) les imputa cargos por robo de identidad, uso fraudulento de números de Seguro Social y entrada ilegal en el país. EFE elv/pgp/ma

Terra/EFE