Fiscal
El fiscal general Mario Iguarán pidió el jueves que la Corte Suprema de Justicia investigue a la senadora Piedad Córdova, quien ha actuado como mediadora con las FARC para liberar rehenes, y a otros dos congresistas, como parte de un grupo que incluye políticos, periodistas y extranjeros sospechosos de mantener vínculos con esa guerrilla.
Iguarán informó que abrió investigaciones contra la constituyente ecuatoriana María Augusta Calle, el también ecuatoriano Iván Larrea; el venezolano miembro del Parlamento Latinoamericano, Amílcar Figueroa, y el estadounidense James Jones, antropólogo y economista.
Además de Córdova, los legisladores sospechosos son el representante Wilson Borja y la senadora Gloria Inés Ramírez, de los opositores partidos Liberal y Polo Democrático Alternativo, respectivamente, en cuyos casos "la fiscalía ha compulsados de manera inmediata copias ante la honorable Corte Suprema de Justicia para lo pertinente", dijo Iguarán.
Sólo la CSJ tiene facultad para investigar a legisladores, según la ley de Colombia.
El fiscal general dijo que los nombres de los políticos y el resto de indiciados aparecen en documentos extraídos de tres computadoras que supuestamente fueron confiscadas por militares colombianos cuando el 1 de marzo incursionaron ilegalmente a Ecuador para atacar un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.
Iguarán también dijo que abrió investigaciones contra los periodistas Carlos Lozano y William Parra, corresponsal de la cadena de noticias Telesur; el ex ministro Alvaro Leyva, quien había sido autorizado por el gobierno para mantener contactos con el grupo, el ex asesor de paz Lázaro Viveros y la directora de la organización no gubernamental Cruz de Agro, Liliana Ovando.
El fiscal expresó que "en cuanto a los ciudadanos y extranjeros... la fiscalía ha dispuesto nueve indagaciones, radicadas en la misma fecha y asignadas a la unidad nacional contra el terrorismo".
Terra/AP


