Gobierno puede combatir inmigración ilegal sin atropellar derechos civiles

27/5/2008 - 21:23(GMT)

María Peña Washington, 27 may (EFE)- El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) puede combatir la inmigración ilegal sin atropellar los derechos civiles y las protecciones que confiere la Constitución del país, aseguran legisladores y activistas pro-inmigrantes.

El presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, el demócrata John Conyers, está pidiendo una rendición de cuentas al DHS porque teme que con su "mano dura" contra los inmigrantes indocumentados, el Gobierno ponga en riesgo los derechos humanos y las protecciones constitucionales.

Congresistas como Conyers buscan explicaciones del DHS a una serie de medidas que van desde el arresto, mal trato y negligencia médica hacia los indocumentados en centros de detención, hasta la redada del pasado día 12 en un matadero en Iowa y los planes de evacuación de damnificados por desastres naturales.

El DHS tiene que recordar que, ante todo, su deber "es proteger los derechos civiles de todas las personas en suelo estadounidense, sin importar su raza, origen nacional, o estatus migratorio", dijo Conyers la semana pasada.

Para Conyers, la "cascada" de controversias es aún más lamentable porque, a su juicio, da la impresión de que el DHS corrige la marcha sólo cuando está bajo el escrutinio del Congreso.

Conyers hizo esos comentarios, un tanto airado, al destacar las acciones recientemente emprendidas por el DHS en aras de la seguridad nacional y que, a su juicio, se desvían de las "exigencias humanitarias" que deben primar en su misión.

El congresista tiene mucho de qué quejarse.

Recientemente en Texas, durante un ejercicio de capacitación para la evacuación de víctimas de huracanes, la Patrulla Fronteriza pretendía verificar el estatus migratorio de los desplazados.

El DHS tuvo que abandonar ese plan tras la ira que desató entre las agencias locales y estatales pero, según Conyers, no se trata de un error ni un incidente aislado.

También está el caso de los incendios en California, "donde inmigrantes indocumentados temían pasar los puntos de control de inmigración y murieron en las llamas", señaló.

Y las autoridades de inmigración tampoco frenaron sus medidas policiales tras el paso del huracán "Katrina".

El DHS ha dado marcha atrás y el secretario de Seguridad Nacional, Michael Chertoff, aseguró la semana pasada que la prioridad de su agencia será "la evacuación segura de personas que abandonan una zona de peligro" y que ha girado instrucciones para que los agentes de inmigración no hagan nada que impida la evacuación de las víctimas.

Pero sus palabras llegaron un poco tarde y cinco de los principales grupos defensores de los inmigrantes, entre ellos el Consejo Nacional de La Raza (NCLR) y la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC), increparon a Chertoff por las tácticas de la Patrulla Fronteriza en torno a víctimas de desastres naturales.

En una misiva enviada a Chertoff, estos organismos advirtieron de que el Gobierno no debe mezclar las misiones de rescate con las de medidas policiales para detener a indocumentados.

La insistencia en esas medidas, peor aún si surge una crisis nacional, "pondrá en peligro la seguridad pública" ya que muchos no buscarán ayuda o no obedecerán reglamentos de seguridad pública si temen caer en redadas, afirmaron los activistas.

Exigieron que el Gobierno dé garantías de que "no pedirá los papeles (de residencia legal) antes de poner a salvo a las personas".

El trato a futuras víctimas de desastres naturales no es el único reclamo que hace el Comité Judicial. Conyers también ha mostrado impaciencia con la redada del pasado día 12 en un matadero en Postville (Iowa), en el que 389 personas fueron arrestadas.

Del total de arrestados, 270 fueron sentenciados a cinco meses de prisión por el uso de documentos falsos.

Esa redada en la empresa cárnica Agriprocessors, sin precedente en un sólo sitio laboral en la historia de Estados Unidos, ahora amenaza con mermar incluso los suministros de comida "kosher" para la comunidad judía. EFE mp/mla/ma

Terra/EFE