América Latina
La cadena de hoteles española Barceló negó el miércoles tener deuda alguna con el gobierno de Nicaragua, como lo insinuaron funcionarios sobre la adquisición de una propiedad en el litoral Pacífico por parte de la firma.
El procurador general de Nicaragua, Hernán Estrada ordenó embargar las instalaciones del hotel a principios de mes, arguyendo que la cadena lo compró en el "ridículo" precio de tres millones de dólares durante el gobierno de la presidenta Violeta Barrios de Chamorro (1990-1996).
Estrada sostiene que Barceló debe pagar 1,4 millones de dólares más al gobierno por la propiedad adquirida en 1993 en las playas de un antiguo ingenio de azúcar propiedad del asesinado ex dictador Anastasio Somoza Debayle, 65 kilómetros al suroeste de esta capital.
El asesor jurídico de Barceló Montelimar, Tomás Delaney, afirmó en rueda de prensa que "Barceló no deben nada al Estado".
Delaney dijo que Barceló pago esa cantidad basado en la evaluación y el precio definido por una firma internacional de expertos que asesoró al gobierno de esa época.
Agregó que el hotel fue comprado en una época en que no llegaban turistas a Nicaragua y le tocó a la empresa "colocar de nuevo al país en el mapa turístico".
En esa época, el hotel consistía en unas cabañas y la casona histórica de Somoza, pero "si queremos valorar cuánto valía, hay que ir a ver lo que hay ahora, por supuesto vale mucho más", adujo.
El gerente del hotel, Walter Martino, dijo que el hotel pagó 1,1 millones de dólares en diversos impuestos en 2007 y desde el inicio de sus operaciones en 1994 van 8,7 millones de dólares.
Terra/AP