América Latina
Por Antonio de la Jara
SANTIAGO (Reuters) - Chile enfrentó el miércoles una inusual jornada de manifestaciones de varios gremios por descontentos salariales, el alza del crudo y una polémica reforma educacional, mientras el Gobierno respondió que ha tomado medidas y que no tolerará presiones ni hechos de violencia.
Las huelgas que fueron lideradas por camioneros y estudiantes ocurren en momentos en que una de las economías más sólidas de la región atraviesa por una desaceleración, tras una reciente crisis energética y altos precios de los combustibles, algo no muy favorable en un año de elecciones municipales.
"Ha sido una jornada bastante intensa en movilizaciones," dijo a periodistas el ministro del Interior subrogante, Felipe Harboe, al hacer un balance del día.
El miércoles, los camioneros chilenos completaron su segundo día de paralización con máquinas apostadas en los costados de decenas de carreteras, a lo que sorpresivamente se sumaron dueños de taxis y buses en algunas regiones del país, provocando embotellamientos y el malestar de miles de usuarios.
"Ante un menor crecimiento y una mayor inflación, efectivamente en los últimos meses los indicadores de confianza de los consumidores han empezado a caer (...) y eso genera un empeoramiento en la percepción de la realidad," dijo Tomás Flores, economista del Instituto Libertad y Desarrollo.
Para contrarrestar el menor crecimiento de la economía y el mayor costo de la vida, la presidenta chilena, Michelle Bachelet, ha lanzado bonos en ayuda de los más pobres y esta semana anunció la inyección de 1.000 millones de dólares a un fondo de subsidios a los precios de los combustibles, entre otras medidas.
"Aquí ha habido medidas importantes destinadas a mejorar las condiciones de la ciudadanía. El aumento de los precios del petróleo es un fenómeno internacional," dijo Harboe.
Sin embargo, el sector del transporte demanda la eliminación de un impuesto al petróleo que ante los altos precios internacionales del crudo han disparado sus costos. Mientras no se elimine ese gravamen, una parte de los camioneros dijo que seguirá en huelga, lo que podría restringir el abastecimiento de productos.
"Se ha acordado seguir el paro en forma indefinida. La razón es que no tenemos ningún comunicado oficial, algo que sea concreto y claro para nosotros, para poder desistir del paro," dijo Javier Lazcano, dirigente de los dueños de camiones de la ciudad minera y agrícola de Rancagua, al sur de la capital.
SE SUMA DESCONTENTO
Sin aludir al paro de los camioneros y otras movilizaciones de la jornada, Bachelet llamó a que en el país "deben anteponerse los intereses colectivos por sobre los individuales o grupales, un país donde el acuerdo y no las presiones nos permitan avanzar en una mejor calidad de vida."
En las últimas encuestas, Bachelet se ha mantenido con un apoyo menor al 50 por ciento, en medio de descontentos por el mal desempeño del sistema de transporte público, Transantiago, la corrupción y delincuencia.
A las protestas de los camioneros también se sumó en la jornada la huelga de los trabajadores del puerto de San Antonio y de los funcionarios de la empresa de Correos de Chile, la gubernamental Corporación Nacional Forestal y el instituto previsional estatal (INP).
"El problema particular de este gobierno es la ausencia de agenda. Cuando no hay agenda otra gente se siente con la libertad de poner sus propios temas en la agenda y hace movilizaciones, que exitosamente llaman la atención," dijo Patricio Navia, analista político de la Universidad Diego Portales.
Como si fuera poco, los profesores efectuaron un paro de advertencia y marcharon en un día lluvioso por las calles de Santiago en demanda de mejores sueldos y una mayor participación en la discusión de una reforma en el Congreso para acabar con la inequidad entre la educación pública y privada.
"Más del 90 por ciento del profesorado ha paralizado. Eso nos da mucho ánimo, es una potente señal que da hoy el gremio, la opinión del magisterio tiene que ser considerado en el actual debate de la ley de educación," dijo a periodistas Jaime Gajardo, presidente del Colegio de Profesores.
Los profesores y estudiantes demandan una mayor participación en las discusiones de un proyecto de ley enviado por el Gobierno al Congreso. La administración de Bachelet le quitó el martes la urgencia de discusión a la iniciativa, con el fin de favorecer un mayor debate.
Los maestros y alumnos reclaman por la inequidad y menor calidad de la educación pública en comparación a la privada, lo que se ve reflejado en diferentes mediciones. También exigen un cambio más radical en el financiamiento público prestado a establecimientos educacionales y universidades.
(Con contribución de Manuel Farías)
(Reporte de Antonio de la Jara. Editado por Patricia Avila)
Terra/Reuters