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El organismo español responsable de la defensa de los derechos humanos denunció el lunes las malas condiciones de vida de dos centros de acogida de emergencia para unos 200 niños inmigrantes en las Islas Canarias (oeste), al tiempo que señaló malos tratos en uno de ellos.
La oficina del Defensor del Pueblo español (Ombudsman) puso en marcha una investigación en septiembre de 2007 después de que la organización internacional pro derechos humanos Human Rights Watch pidiera al gobierno español el cierre de los centros por afirmar que en ellos los menores corrían el peligro de sufrir violencias.
Un informe del Defensor del Pueblo señaló que los niños estuvieron alojados en dichos centros con malas condiciones de vida y de higiene durante más de un año, aunque ambos tendrían que haber sido sólo refugios temporales.
Además, subrayó la existencia de informes creibles sobre casos de malos tratos en uno de ellos, el centro de La Esperanza.
"Varios testimonios relataron detalladamente episodios violentos que habrían ocurrido en el centro con anterioridad a enero de 2007", añadió el informe al precisar que los presuntos miembros del personal implicados ya fueron despedidos o trasladado.
"El estado del edificio no reúne las condiciones exigibles para un centro de menores", continuó el texto al precisar que en las ventanas había barrotes y que no existían medidas de evacuación en caso de incendio.
Human Rights Watch precisó que el informe español confirma las violaciones de los derechos de los niños documentados en su propio texto, que publicó en julio de 2007.
"Las críticas del Defensor del Pueblo español subrayan la necesidad para las autoridades del gobierno central de Madrid y del regional de las Islas Canarias de aumentar los cuidados a los niños inmigrantes", dijo en un comunicado Simore Troller, miembro de la organización, que tiene su sede en Nueva York.
El archipiélago español en aguas del Atlántico, frente a las costas de Africa, ha recibido en los últimos años un número cada vez mayor de inmigrantes africanos que intentan entrar ilegalmente a través de él en Europa.
Human Rights Watch precisó que desde 2006, más de 1.000 menores llegaron a las Canarias procedentes de países africanos. Las autoridades canarias abrieron en el archipiélago cinco centros de acogida de emergencia para albergarlos.
"Concebidos como soluciones temporales, esos centros se han convertido en permanentes", por lo que "tanto las autoridades de las islas Canarias como del gobierno central de Madrid deben garantizar el cuidado y la protección de los niños" en ellos alojados, añadió la organización.
Terra/AFP