Directiva Europea de Retorno de Inmigrantes provoca rechazo en países andinos

11/6/2008 - 21:23(GMT)

Quito, 11 jun (EFE)- El proyecto de Directiva Europea de Retorno de Inmigrantes, que la próxima semana estudiará el Parlamento Europeo, causa "preocupación" y "rechazo" en los países andinos, según se puso de manifiesto en el simposio internacional "Hacia una gobernabilidad migratoria", que se celebra en Quito.

El secretario general de la Comunidad Andina (CAN), Freddy Ehlers, dijo hoy a los periodistas que la Directiva causa "una gran preocupación" en el bloque, formado por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.

Ehlers hizo un llamamiento a otras zonas del mundo en las que se origina emigración para que se pronuncien sobre la Directiva de Retorno, que ya aprobaron los 27 países miembros de la UE y que podría ratificarse en el Parlamento Europeo el próximo 18 de junio, para que la norma sea "lo más flexible posible".

Los países andinos, recordó Ehlers, han insistido para que la cuestión migratoria esté en "el marco de la negociación CAN-UE para un Acuerdo de Asociación, y que se incluya tanto en el pilar político como en el tema de la cooperación".

"De eso se va a tratar en la próxima ronda (de negociación del Acuerdo de Asociación CAN-UE) en Bruselas, es uno de los temas fundamentales (...), pues las negociaciones con Europa no son de un simple TLC (Tratado de Libre Comercio)", recalcó Ehlers.

Lorena Escudero, secretaria del Migrante de Ecuador, reiteró en declaraciones a Efe que "esta Directiva esconde una tendencia a criminalizar la movilidad humana".

"Eso merece el rechazo de quienes apostamos por una política migratoria que se base en el respeto a los derechos fundamentales de las personas", agregó Escudero, al término de la primera sesión del simposio, promovido por la Agencia Española de Cooperación (AECID) y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (EFE).

Según ella, "es necesario gestionar entre los países de origen y destino una migración ordenada, que responda a las necesidades mutuas, que reconozca el aporte de los migrantes y la necesidad de una integración amable y respetuosa, pero rechazamos la tendencia a criminalizar la movilidad humana".

Por este motivo, Escudero invitó a la Unión Europea a "un diálogo franco y abierto, basado en la corresponsabilidad y reciprocidad, que valore el papel de las personas migrantes en el mundo y que reconozca que primero están los derechos de las personas, por encima de consideraciones administrativas y de seguridad".

Por su parte, Iciar Rodríguez, agregada de Cooperación de la UE, coincidió con Escudero en señalar que la UE busca una "gestión común de los países de origen, tránsito y destino" para conseguir una "migración ordenada", y señaló que "las medidas contra la migración irregular es uno más de los pilares, no el único", para ese fin.

Según ella, la política de inmigración de la UE se basa en cuatro pilares, de los que el primero es la "inmigración regular" y el segundo "la integración", mientras el tercero es la "cooperación externa" para una "gestión ordenada de los flujos migratorias".

El cuarto pilar es la "lucha contra la inmigración irregular", en la que Rodríguez planteó que, en cualquier caso, se haría con "respeto a los derechos fundamentales".

Para la lucha contra la inmigración irregular en la UE se plantean apoyos al retorno voluntario, prohibición de regreso en un periodo de cinco años y, como medida "extrema", la retención de los indocumentados que se resistan a ser repatriados, dijo Rodríguez.

La Directiva de Retorno, dijo Rodríguez, pretende armonizar las legislaciones de los 27 países del bloque y, "en algunos casos, es más flexible" que las normativas individuales actuales.

Rodríguez recordó que, de los 493 millones de habitantes que tiene actualmente la UE, 18 millones son inmigrantes, mientras que la inmigración se ha incrementado entre vez y media y dos veces cada año desde 2002 y que Italia y España reciben dos tercios de los flujos migratorios del bloque en los últimos años.

El 7 por ciento de los inmigrantes en la UE son latinoamericanos, explicó Rodríguez, y recalcó que "para mantener los altos niveles de educación y servicios" que se les prestan, es necesario "tener una inmigración ordenada, con respeto a los Derechos Humanos y respeto a la Ley". EFE cho/cd

Terra/EFE